¿Sobran ayuntamientos?

El Círculo de Empresarios presentó esta semana un interesantísimo informe titulado Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado, donde una de las recomendaciones más sorprendentes por su valentía es la reducción de ayuntamientos. La propuesta resulta muy interesante para nuestra comunidad autónoma, pues si el citado estudio denuncia que España cuenta con 8.077 municipios, de los que sólo el 10% supera los 10.000 habitantes, os recuerdo que Castilla y León posee 2.248 ayuntamientos, de los que sólo nueve sobrepasan esa cifra, mientras que más del 71% tiene menos de cien vecinos, con una población muy envejecida, lo que dispara los costes de los servicios sociales. Afirma el documento: “el gran número de municipios españoles y el pequeño tamaño de una gran mayoría de los mismos (España es uno de los países europeos con menor número medio de habitantes por municipio) generan ineficiencias por el excesivo gasto que requiere el mantenimiento de burocracias innecesarias. Burocracias que, a pesar de una proximidad total, no van acompañadas de la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos, en especial en aquellos servicios para cuya provisión existen importantes economías de escala y que terminan atendiéndose con un mayor coste per cápita que el que se daría en el caso de municipios mayores o de poblaciones articuladas con adecuados mecanismos de coordinación o cooperación, como consorcios o mancomunidades”.

¿Se puede reducir el elevado número de consistorios? Pues si hay voluntad, sí; ya que como recuerda el Círculo de Empresarios, en 2007 Dinamarca recortó el número de municipios de 271 a 98; Suecia pasó de tener 2.281 consistorios a 278 en el período 1950-1974; y en 2010 la intervenida Grecia se ha visto obligada a disminuir su número de ayuntamientos de 1.034 a 355.

Las diputaciones provinciales, en entredicho

El citado trabajo también cuestiona el papel de las diputaciones provinciales, ya que en España hay 41 (nueve en Castilla y León), a las que hay que añadir tres diputaciones forales, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares. Según el estudio, “estos entes locales de carácter intermedio han quedado, en la mayoría de casos, relegados por el imparable avance de las comunidades autónomas y el auge de las ciudades más importantes, lo que los convierte, en no pocas ocasiones y ámbitos, en administraciones redundantes. Este nivel político-administrativo intermedio entre las comunidades autónomas y los municipios simplemente añade una complejidad innecesaria, que sólo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia. Es, además, un nivel de la administración que, a diferencia de los ayuntamientos, cuenta con escaso respaldo social, pues se percibe como alejado de la realidad y las necesidades del ciudadano”. Poco queda por añadir a este párrafo, excepto otra conclusión que aparece más adelante en el documento: “habría que estudiar la racionalidad económica y la viabilidad legal de la eliminación de diputaciones provinciales y equivalentes insulares con vistas a su supresión… podría terminar de cederse las competencias de las diputaciones hacia esas administraciones” (ayuntamientos y comunidades autónomas).

¿Se leerá este documento alguno de los 2.258 gobernantes que tenemos en Castilla y León en las administraciones regional, provinciales y locales? Os recuerdo que la ineficiencia no es gratis, la pagamos de nuestros bolsillos.