Uno de los principales objetivos de la política económica de la Junta de Castilla y León, que comparte con algunas asociaciones empresariales, persigue aumentar el tamaño de nuestras pymes para que sean más competitivas. Las ventajas de que una compañía tenga mayor dimensión son por todos conocidas, como optimizar las economías de escala, mayor productividad, más resistencia ante las crisis, facilidad para abordar los mercados exteriores, atracción de talento, acceso más rápido a la financiación externa o mayor potencial de innovación, entre otros. Sin embargo, el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, y por extensión el de España, se basa en las pymes, tal como refleja por ejemplo el Ranking de las 5.000 Mayores Empresas publicado por nuestra revista, donde sólo el 2,7% de las sociedades mercantiles son grandes corporaciones.
En una conversación sobre este tema con un alto cargo de la Administración autonómica, me enfatizaba que el gran reto de los empresarios de Castilla y León para poder sobrevivir en unos mercados globalizados era precisamente incrementar el volumen de sus negocios. La aseveración parece acertada, pero no lo es al cien por cien. Las empresas en Castilla y León, y en España, poseen un tamaño liliputiense por la sencilla razón de que se desenvuelven en un hábitat que dificulta su crecimiento, así que el desafío no es sólo de los sufridos empresarios, sino sobre todo de la mastodóntica maquinaria legal, tributaria y burocrática que cercena el crecimiento empresarial. Me explico.
Inspección de Hacienda
En Castilla y León si facturas por encima de equis millones tienes muchísimas posibilidades de padecer una inspección de Hacienda cada año, algo que no ocurre si te ubicas en la Comunidad de Madrid, con un tejido empresarial más numeroso, lo que provoca una sangrante deslocalización fiscal. Sobre este tema ya hemos escrito en otras ocasiones.
Otro factor es que si un empresario castellano y leonés decide dar el salto a otra región, debe de enfrentarse casi siempre ante una nueva normativa autonómica que afecta a su negocio, dándose la contradicción de que en un territorio lo que es legal, en otro es ilegal. Este sinsentido acarrea costes e inseguridad jurídica. Y si encima quieres implantarte en una de las comunidades autónomas autodenominadas históricas, más te vale domiciliar la sede social de una filial en esa región, con el consiguiente gasto extra.
Ítem más, el amplio sistema de subvenciones de las diferentes administraciones públicas prioriza a los emprendedores y a las pymes, castigando a las empresas de tamaño medio, incapaces de cumplir con los requisitos de esas convocatorias porque han dejado de ser empresas pequeñas.
100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial
Como resalta un acertado informe de Cepyme presentado a finales del pasado año, en nuestro país se desalienta el crecimiento de los negocios al existir más de 100 regulaciones vinculadas con el tamaño empresarial de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y de competencia. Casi nada. Y ya que hablamos de burocracia, ¿saben que cada año se editan cerca de un millón de páginas en los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas que regulan la actividad de las pymes?
Si pese a estos condicionantes un pequeño empresario inasequible al desaliento decide arriesgarse para incrementar el tamaño de su negocio, se encuentra con que soporta una carga impositiva total que equivale al 47% de su beneficio neto antes de impuestos, cuando la media de la UE se sitúa en el 40%, e incluso duplica la de países como Irlanda o Dinamarca. Uno puede ser solidario con la sociedad en la que vive, pero cuando observa el abultado gasto público derrochado en mantener a una pléyade de paniaguados, se le afloja la camaradería y las ganas de crecer para terminar pagando más impuestos.
Como señala Cepyme, si España tuviera empresas con el mismo tamaño que la media europea, el PIB crecería más del 5%, se crearían cerca de 1,2 millones de empleos, se fortalecerían las cuentas públicas y se sostendría el superávit exterior, pero algunos gobernantes no están por la labor dada su profusa actividad para aprobar normativas e impuestos. Eso sí, son los mismos que redactan rimbombantes y vacuos planes para aumentar el tamaño de las empresas asesorados por aquellos que en su vida han dirigido una pyme.
“pero cuando observa el abultado gasto público derrochado en mantener a una pléyade de paniaguados…” me parece valiente la expresión. Felicidades