No habrá copago sanitario pero sí copago farmacéutico. Ana Mato, ministra de Sanidad, acordó este miércoles con las comunidades autónomas que los pensionistas paguen el 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de entre 8 y 18 euros al mes en función de su pensión. También los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis “hasta que encuentren trabajo”.
El acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, ventaja de la que sólo se beneficiarán los desempleados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
Tramos de renta
A partir de ahí, se establecen diferentes categorías “según la renta” para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que desde ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas.
De este modo, los pensionistas pagarán el 10% del precio de sus medicamentos. No obstante, quienes perciban rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que ascenderá hasta 18 euros para los que reciban ingresos superiores.
En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40% que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
Sin embargo, para quienes ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será del 50%, mientras que los trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar el 60%, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
Fin del turismo sanitario
Mato avanzó también la próxima incorporación al Derecho español de un artículo que “prohibirá de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria”, para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros. “Muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria” hasta tal punto que hay extranjeros “con más derechos sanitarios que muchos españoles”, argumentó la responsable gubernamental.
De acuerdo con sus cálculos, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros. Así, además de atender a una “demanda social”, el Gobierno ahorrará, teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas de 2011, alrededor de 1.000 millones de euros.
Valoración de la Junta
Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, explicó que estas medidas “reforzarán el modelo” del SNS y garantizarán que el servicio siga siendo “universal, gratuito y de calidad”.
De acuerdo con sus datos, los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial permitirán ahorrar un 10% del gasto sanitario público, aunque Sáez Aguado consideró “prematuro” hacer estimaciones sobre la repercusión en Castilla y León y prefirió esperar a conocer al detalle el decreto ley que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.
Europa Press / Castilla y León Económica
Hola,
buenos días; este comentario es muy escueto:
La renta no siempre es directamente proporcional al nivel de vida.
Saludos
Estoy de acuerdo con estas medidas. Pero también habría que controlar a las familias de inmigrantes que son 40 y la madre en un mismo domicilio con una tarjeta sanitaria de haber trabajado unos meses y ahora en paro se benefician de esa tarjeta sanitaria abuelos, hijos y nietos
¿Que prefieres, que te cuezan o que te frían?
Si la gente supiera todos los demanes que han hecho las administraciones publicas, se montaba una como la revolución francesa. Viva los mamoneos entre administraciones publicas y empresas privadas.
Ahora, a pagar los de siempre.