Un reciente informe refleja el sorprendente, y preocupante, dato de que en Castilla y León más de 340.000 personas han opositado recientemente o están preparando estas pruebas, lo que nos convierte en la cuarta comunidad autónoma con mayor número de este colectivo aspirante a integrarse en la estructura de la Administración. Según el citado estudio de la empresa OpositaTest, Castilla y León se caracteriza por registrar un elevado porcentaje de personas de entre 18 y 55 años que desea tener su futuro en los organismos públicos (hasta el 64% frente al 50% de la media española) y además crece con más intensidad el interés por engrosar las filas de los funcionarios que en el resto de España. Dicho en román paladino, tenemos alma de opositores.
¿Y por qué nuestros conciudadanos aspiran a integrarse en la plantilla de la Administración Pública? Pues por varios motivos, como seguridad laboral, mayor calidad de vida, aumentar el nivel de ingresos y estabilidad y conciliación laboral. Si a la mentalidad funcionarial de nuestros paisanos le unimos la constante mejora de las condiciones laborales (recuerden que a finales de marzo el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó el Decreto Ley por el que se establece la jornada de 35 horas semanales para todos los empleados públicos de la Administración regional -General y organismos autónomos, Educación y Sanidad-, medida que conlleva un coste estimado de alrededor de 120 millones y la necesidad de contratar otros 5.000 funcionarios), pues no es de extrañar que si en 2019 -justo antes de la pandemia- había 195.700 ocupados al servicio del Estado, de la Junta o de las entidades locales, en 2022 la cifra se elevó a 220.500. Y este fenómeno se agudiza, ya que en el último ejercicio el sector público generó el 72% de los nuevos ocupados en Castilla y León.
Consecuencias
Las consecuencias de esta tendencia son muy graves, evidentemente no para aquéllos que se integran como empleados de nuestra ciclópea y acomodaticia Administración, sino para la economía de Castilla y León dado que las empresas cada vez tienen más dificultades para encontrar profesionales cualificados, desviamos el talento hacia los organismos públicos en detrimento del tejido productivo y anulamos la escasa vocación emprendedora de estos pagos.
Es comprensible que una persona aspire a tener seguridad en su trayectoria laboral (como ocurrió por ejemplo durante la pandemia, donde casi todas las empresas tuvieron que realizar ajustes en sus plantillas, recortes que no se aplicaron entre el personal de las Administraciones Públicas, sino que al contrario, se consolidaron privilegios como el teletrabajo o la caótica cita previa pese a desaparecer el riesgo de contagio por el Covid-19), pero si nos quedamos sin trabajadores para el sector privado y sin emprendedores para crear nuevas empresas, ¿con qué impuestos vamos a pagar al cada vez mayor número de funcionarios de carrera, personal laboral e interinos para atender, qué paradoja, una región cada año más despoblada? Y, sobre todo, ¿cómo vamos a dinamizar la economía, cómo vamos a crear empleo privado y cómo vamos a generar riqueza si la mayor parte de los castellanos y leoneses enfoca su carrera profesional hacia la Administración?
