Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, analiza en este artículo las medidas, como el céntimo sanitario, y la gestión de su departamento, marcada por la reducción de ingresos y la urgencia de reducir el déficit público. “La crisis afecta al conjunto de la sociedad, a las familias, a las empresas y también a las administraciones públicas; todos los servicios de salud tenemos dificultades para pagar puntualmente a nuestros proveedores. Tenemos que adoptar estas medidas para garantizar el pago de las nóminas de nuestros trabajadores y el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios”, afirma.
Podemos cerrar los ojos…
La economía y la sociedad de Castilla y León viven momentos de gran dificultad. También la sanidad pública. La sanidad ha sido una de políticas prioritarias para la Junta de Castilla y León, que ha asignado recursos crecientes al sector sanitario hasta representar hoy casi el 35% de todos los presupuestos del Gobierno. Entre todos hemos sido capaces de construir un sistema público de salud de calidad acreditada y con muy buena valoración por parte de los ciudadanos (es la Comunidad en la que más se ha incrementado el índice de satisfacción, según los informes del Ministerio de Sanidad). En estos años se han incorporado 7.500 profesionales más a Sacyl y hemos podido renovar de forma importante las infraestructuras y la dotación tecnológica de nuestros centros sanitarios.
Pero las cosas han cambiado. El Gobierno de la Nación nos transfiere muchos menos recursos y recaudamos menos ingresos propios. Además, tenemos la obligación de cumplir los objetivos de déficit, lo que limita nuestras posibilidades de endeudamiento. Tenemos que reaccionar ante esta situación. La sanidad tiene que continuar siendo una prioridad política, pero también debe contribuir a la contención del gasto público.
Por ello, la Junta de Castilla y León adoptó, el pasado mes de diciembre, diversas iniciativas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas, la prórroga de los presupuestos de 2011 y el Plan de Racionalización del gasto corriente. Con ellas pretendemos hacer compatibles dos prioridades: mantener el funcionamiento y la calidad de la sanidad pública y de otros servicios esenciales, y cumplir con nuestros objetivos de déficit. Se trata de medidas que considero equilibradas, pues exigen el esfuerzo de todos. De los ciudadanos, con el denominado céntimo sanitario y la recaudación del impuesto sobre el patrimonio; de algunas empresas, con nuevos impuestos; de la propia Administración, con un compromiso de seguir adelgazando su tamaño; y de los empleados públicos, con una mayor dedicación horaria a su trabajo al tiempo que se mantienen sus retribuciones.
Creo que se trata de una propuesta razonable, especialmente si tenemos en cuenta el panorama nacional y las medidas adoptadas en otros servicios de salud. Tengo que recordar que en otras Comunidades se han cerrado centros de salud o unidades hospitalarias; que han disminuido las retribuciones a sus trabajadores incluidos el complemento de carrera profesional (hasta en un 50%) o el precio de las guardias; o que se ha despedido a trabajadores de la sanidad pública. En Castilla y León hemos optado por mantener las retribuciones pero reclamando una mayor dedicación horaria.
La forma en que podamos concretar la ampliación de la jornada de las actuales 35 horas semanales a 37,5 en la sanidad se está negociando con los representantes de sus trabajadores; en la Mesa Sectorial y mediante contactos y reuniones con cada una de las organizaciones sindicales. En lo fundamental proponemos que en los hospitales quienes tienen horario de mañana trabajen dos tardes y/o una mañana de sábado (10 horas) cada mes en su actividad asistencial ordinaria (consultas o quirófano); quienes trabajen a turno verían ampliada su jornada anual sin modificar sus condiciones actuales.
Quiero desmentir expresamente algunas afirmaciones que, probablemente por el fragor de la campaña ante las inminentes elecciones sindicales, no responden a la realidad. No vamos a despedir a “cientos de trabajadores”, no vamos a utilizar las horas adicionales para reducir las de las guardias hospitalarias, pues continuarán realizándose entre las 15.00 y las 08.00 de la mañana los días laborables y serán de 24 horas los sábados y festivos; no vamos a hacer trabajar a nuestros facultativos los domingos, salvo que estén de guardia. Lo que pretendemos con esta propuesta es disminuir el gasto en sustituciones y reducir o eliminar el gasto en autoconcertación, las denominadas peonadas. Nuestro objetivo es que el aumento horario planteado para todos los trabajadores de la Junta sirva en Sacyl para incrementar la actividad y reducir algunos gastos.
En los últimos años hemos sido capaces de incorporar muchos profesionales a la sanidad pública, de reconocer y retribuir la carrera de más de 22.000 profesionales, de aumentar el precio de las guardias, de mejorar la formación especializada. Pero las circunstancias han cambiado mucho. La crisis afecta al conjunto de la sociedad, a las familias, a las empresas, y también a las administraciones públicas; todos los servicios de salud tenemos dificultades para pagar puntualmente a nuestros proveedores. Tenemos que adoptar estas medidas para garantizar el pago de las nóminas de nuestros trabajadores y el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios.
Podemos cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Pero eso no resolverá nuestros problemas ni los de la sanidad pública, un servicio universal que es de todos y para todos, y que entre todos tenemos la obligación de preservar. La sanidad pública de hoy, pero también la de mañana.
Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad
