Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, presentó este jueves un plan “coherente y ambicioso” para afrontar la recuperación económica que, en su conjunto, movilizará un total de 470 millones de euros y que se convirtió en la primera medida del nuevo Ejecutivo formado por la coalición PP y Vox, cuyo objetivo es “generar más derechos económicos y sociales”.
Fernández Mañueco presentó este plan tras la celebración del primer Consejo de Gobierno de esta legislatura acompañado por Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, y Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda.
“Es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se dicen tantas cosas, desde el primer día, se trabaja en generar más derechos económico y sociales”, aseveró Fernández Mañueco, quien insistió en que la “gran prioridad” del Ejecutivo es apostar por la recuperación económica y social.
El documento presentado por Fernández Mañueco enumera las medidas a impulsar a corto y medio plazo desde la Junta para contribuir a establecer un marco que gradualmente impulse una recuperación en el contexto de la crisis y su impacto en la inflación, crisis que se ha visto agravada por la invasión militar rusa a Ucrania.
Bajada de impuestos en el IRPF
La Junta tramitará “de inmediato” la disminución del IRPF en Castilla y León, al rebajar para este mismo año 2022 la tarifa autonómica en el tramo más bajo, mediante la reducción del tipo mínimo que pasará del 9,5% actual al 9% y se situará como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF, tras aplicar una rebaja del 5,3%.
Esta reducción fiscal supondrá un ahorro cada año de más de 20 millones de euros (80 millones a lo largo de la legislatura) para el conjunto de contribuyentes castellanos y leoneses que hagan la declaración de la renta, y servirá para aliviar a las familias ante la fuerte subida de los precios, especialmente a las rentas bajas y medias.
El importe estimado de esta medida asciende a 20 millones euros anuales.
Medidas tributarias para los sectores más afectados
Desde la Junta de Castilla y León se articularán ayudas para compensar durante 3 meses el pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, sectores afectados por las subidas del precio de la energía, el combustible y la elevada inflación, agravada por la guerra en Ucrania.
El importe estimado de estas medidas ascienden a 0,5 millones de euros.
Reducción fiscal en el medio rural
El doumento presentado por Fernández Mañueco apunta también la tramitación de “manera urgente e inmediata” de las medidas fiscales que se contemplaban en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2022:
- Apoyo a la natalidad en el medio rural con un amuento de hasta el 40% la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción.
- Apoyo a las empresas con la rebaja al 2% del tipo reducido en las transmisiones de bienes inmuebles que constituyan centros de trabajo de negocios en el medio rural.
- Apoyo al sector agrario al establecer un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias para agricultores profesionales y una bonificación del 100% en los arrendamientos de fincas rústicas.
- Bonificación del 95% de las tasas por licencias de caza y pesca.
Todas estas medidas suponen un ahorro fiscal anual de más de 15 millones de euros.
Medidas pendientes de la decisión del Gobierno de España
La Junta propone al Gobierno de España que se mantenga el tiempo necesario mientras dura la crisis la bajada del impuesto de la electricidad, cuyo rendimiento corresponde únicamente a las comunidades autónomas. Esta bajada del impuesto sobre la electricidad le supondría a Castilla y León cerca de 100 millones de euros al año.
Además, demanda al Gobierno de España la adopción de forma inminente de la aprobación de un IVA superreducido para la electricidad y el gas y la solicitud a la UE de la autorización para una reducción excepcional del IVA que grava los combustibles.
Esta aplicación del IVA superreducido en la electricidad, el gas y los hidrocarburos supondría una merma en los ingresos de la Junta de cerca de 260 millones al año.
Apoyo a familias y colectivos vulnerables
El elevado coste de la electricidad y el gas está agravando las dificultades de las familias y colectivos más vulnerables en el acceso a esos servicios básicos. Para aliviar esas mayores dificultades, la Junta pondrá en práctica una serie de medidas.
1.- Familias vulnerables
- Incrementar en 4 millones de euros adicionales en el año 2022 la financiación de corporaciones locales dirigida a las ayudas de emergencia. Se destinará principalmente a reforzar los apoyos para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos.
- Puesta en marcha de un nuevo Fondo de Cohesión Territorial, como instrumento de cooperación económica destinado a los municipios del medio rural, con una dotación de 20 millones de euros. Este nuevo fondo tendrá por objeto la cohesión del territorio de la comunidad autónoma, con especial incidencia en el mundo rural, con el objeto de favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas que residen en los municipios rurales, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales.
- Se incrementarán las cuantías de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, en un promedio del 15% durante 3 meses.
- Se pondrán en marcha nuevas ayudas a la natalidad en función del número de hijos, hasta un máximo de 2.500 euros por hijo.
- Se convocará el bono concilia, para ayudar a las familias cuyos progenitores trabajen, en los gastos de atención a sus hijos de 0 a 3 años, por servicios de conciliación.
- Se agilizará el pago del bono térmico para los más de 83.000 beneficiarios de estos recursos.
5.2 Medidas de apoyo a los pacientes sanitarios:
Se incrementarán las cuantías de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria a aquellos colectivos que, atendiendo fundamentalmente a sus escasos recursos económicos, más las necesitan, así como para los pacientes oncológicos y en espera de trasplantes.
El importe estimado de estas medidas asciende a 45 millones de euros.
2.- Pacientes sanitarios
Se incrementarán las cuantías de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria a aquellos colectivos que, atendiendo fundamentalmente a sus escasos recursos económicos, más las necesitan, así como para los pacientes oncológicos y en espera de trasplantes.
El importe estimado de esta medida asciende a 0,6 millones de euros.
3.- Ámbito educativo
- Creación de una línea específica para la acogida de estudiantes universitarios de grado, máster y/o doctorado a los alumnos ucranianos durante este segundo semestre del curso 2021/-22, en cualquiera de las titulaciones existentes en las universidades públicas de la comunidad autónoma. Esto incluye tanto el acceso a la docencia universitaria, en inglés o en español, como el alojamiento y manutención, cursos de idiomas y una pequeña ayuda económica para gastos generales.
- Creación de una línea específica para financiar contratos temporales de investigador visitante, de cuatro meses de duración, hasta final de curso 2021/2022, con posibilidad de prórroga, para docentes e investigadores universitarios ucranianos. Permitirán cubrir los gastos de alojamiento y manutención del investigador y su familia durante su estancia en Castilla y León, así como contribuirán a la integración a medio plazo de personal cualificado al sistema de ciencia regional.
El importe estimado de estas medidas asciende a 0,7 millones de euros.
4.- Refugiados de Ucrania
Según aclaró el presidente de la Junta, la modificación del Decreto que regula las condiciones de la prórroga presupuestaria para 2022, posibilita la puesta a disposición de las diferentes Consejerías de los recursos presupuestarios precisos para atender el mayor gasto derivado de la atención de las necesidades básicas de los ucranianos desplazados por el conflicto bélico. En este contexto, se dispone una reserva inicial dotada con 10 millones de euros para el mayor gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
5.- Empleados públicos
Con el fin de mitigar el impacto de la subida de precios en los gastos derivados de la prestación de servicios por los empleados públicos, se iniciarán los estudios e informes necesarios para la actualización de la normativa que regula las cuantías que retribuyen las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El importe estimado de esta medida asciende a 1,9 millones de euros.
Capacidad productiva de las empresas
La ruptura de canales comerciales por la invasión de Ucrania y las sanciones económicas a Rusia requieren la aplicación de medidas específicas dirigidas a buscar alternativas tanto a las exportaciones como a las importaciones que resultan afectadas. Entre ellas, la Junta plantea:
- La elaboración de planes de diversificación, tanto de exportaciones como importaciones, con incorporación de otros destinos y procedencias. Así, se incorporarán alternativas de importación en mercados que en un futuro próximo puedan suponer un nuevo destino para la entrada de nuestros productos. Y se reforzarán las acciones de promoción en los mercados de Sudamérica –Brasil y Argentina-, con agendas de negocios de prospección con las empresas afectadas.
- El refuerzo de las acciones de promoción de los productos de Castilla y León, retomando las acciones previstas en mercados que, como EE UU, habían suspendido actividades como consecuencia de la pandemia.
- Análisis de impacto indirecto o de segunda ronda, en aquellos otros mercados que se están viendo afectados directamente por la crisis de la invasión (Alemania, Polonia…), para establecer medidas correctoras y apoyar a las empresas castellanas y leonesas que se puedan ver afectadas.
El importe estimado de estas medidas asciende a 1,5 millones.
Información y asesoramiento a empresas
La Junta articulará mecanismos que permitan que los agentes comerciales conozcan las alternativas existentes en el nuevo contexto:
- Creación de un portal de información y asesoramiento multicanal, sobre la situación del comercio internacional con Ucrania y Rusia.
- Apertura de una ventana de información sobre las vías alternativas de importación de factores básicos de producción en mercados alternativos a Ucrania/Rusia, así como en terceros países afectados de manera indirecta.
- Apertura de un servicio de exportación de los productos más afectados por el cierre o las dificultades de acceso a los mercados de destino, inhabilitados como consecuencia del nuevo escenario internacional.
- Ampliación de los destinos de la red exterior del Instituto para la Competitividad Empresarial, previendo llegar a un total de 21 promotores en destino.
Empleo
En este nuevo entorno, el Gobierno regional considera esencial establecer medidas específicas que proporcionen a la población nuevas oportunidades de acceso al empleo. Por ello, el documento plantea las siguientes medidas:
- Se impulsará una nueva línea de ayudas dirigida a la realización de programas de formación, para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía y ciberseguridad, con el fin de consolidar una nueva forma de producir, trabajar y relacionarse en el seno de las empresas.
- Se promoverá la contratación de personas jóvenes, menores de 30 años, para la puesta en funcionamiento de nuevas iniciativas de I+D, en ocupaciones referidas entre otras a sanidad, transición ecológica, energías renovables o digitalización de servicios.
- Con la finalidad de mejorar la empleabilidad de la población activa, en un escenario de transformación, se promoverá la cualificación y recualificación profesional, vinculada a sectores estratégicos. Para ello, se pondrá en marcha una línea de ayuda dirigida a los centros de formación, empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo lucro.
El importe estimado de todas estas medidas asciende a 20,7 millones.
Financiación empresarial
El elevado incremento de precios al que asistimos desde finales de 2021 está provocando tensiones financieras en algunas empresas, por lo que se ponen a su disposición mecanismos específicos:
- Se implementará una nueva línea de financiación de préstamos blandos, a través de Iberaval, para empresas de Castilla y León directamente afectadas por el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Serán préstamos de hasta 100.000 euros con 2 años de carencia y 10 de amortización, sin intereses.
- Se habilitará de manera urgente una nueva línea para la financiación de las estaciones de servicio, en la medida que estén soportando el coste financiero derivado del anticipo al consumidor del ajuste del precio del litro de combustible. Bonificará préstamos de entre 6.000 y 300.000 euros para autónomos y microempresas, y hasta 700.000 euros para el resto.
- Se potenciará el programa de financiación a través de préstamos avalados, dirigido preferentemente a los sectores turístico, cultural y comercial, para inversiones y capital circulante de autónomos y pymes que mantengan el empleo en Castilla y León. Se podrán financiar importes superiores a 200.000 euros con, al menos, un año de carencia.
- Se prorrogarán las líneas excepcionales de financiación abiertas con motivo de la crisis económica:
• Bonificación de costes de préstamos avalados para autónomos, pymes y microempresas.
• Bonificación de costes de préstamos avalados para el sector de alojamientos turísticos, para aquellas áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas, y para proveedores del canal horeca.
• Préstamos avalados para pymes en los sectores más afectados por la crisis, enfocados al mantenimiento de la actividad.
• Financiación de circulante e inversión para soluciones digitales de urgencia en teletrabajo, digitalización y modernización de empresas, a través de avales.
• Aplazamiento del pago de las cuotas de préstamos concedidos por los distintos programas de la Junta de Castilla y León, a través de la Plataforma Financiera.
El importe estimado de estas medidas asciende a 17,5 millones.
Agricultura y ganadería
El sector primario, estratégico para Castilla y León desde un punto de vista económico y social, lleva soportando una escalada de precios en los costes de producción que no se ve acompasada con los precios pagados por sus productos, aspecto que se ha visto intensificado con la invasión de Ucrania, un país abastecedor de materias primas para el sector agrario. En este contexto se van a impulsar las siguientes medidas:
1.- Flexibilización en las ayudas de la PAC
- Los agricultores podrán sembrar esta primavera cualquier cultivo en las superficies que obligatoriamente tenían que dejar de sembrar (superficies de interés ecológico de la PAC), y podrán beneficiarse del pago verde de la PAC.
- Se podrán utilizar productos fitosanitarios en las superficies de interés ecológico de la PAC, sembradas de cultivos proteicos.
- Se podrán pastar las superficies de barbecho que tengan la consideración de superficies de interés ecológico.
- Se adaptarán inmediatamente las solicitudes de ayudas de la PAC, que actualmente se están presentando, para facilitar estos cambios.
2.- Liquidez del sector
Se procederá a pagar a partir del 16 de octubre los anticipos de la PAC, incrementados al 70%.Del mismo modo, a partir de esa misma fecha, se procederá a pagar un anticipo del 85% de ayudas agroambientales y agricultura ecológica, así como de las ayudas a zonas con limitaciones productivas en montaña y fuera de montaña.Incrementaremos la dotación para préstamos con garantías públicas destinados a capital circulante del Instrumento Financiero de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Se trata de préstamos por importe de hasta 200.000 euros por titular de explotación agraria o de industria agroalimentaria, sin comisiones de estudio ni de garantía, y con carencia y duración variables. Con este incremento se podrán formalizar préstamos por 58 millones de euros.
3.- Paliar el incremento de costes
Se van a aprobar en los próximos meses ayudas directas, por importe de 10 millones de euros para el sector agrario, especialmente a la ganadería, que completarán las ayudas que se concedieron a finales de 2021 por 8,5 millones.
4.- Compensar el pago de las tasas
Para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica se articularán ayudas relacionadas con la actividad profesional de prestación de servicios veterinarios.
El importe estimado del impacto de estas medidas en el sector agrario asciende a 68 millones.
Sector del transporte
El sector del transporte es también estratégico para Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa de España, y se ha visto especialmente afectado por el elevado incremento en el precio de los combustibles. A este respecto:
- Se procederá a una rápida actualización de la financiación autonómica al transporte regular de uso general titularidad de la administración autonómica (interurbano, a la demanda y metropolitano), por el impacto de la crisis en el sector. El cálculo realizado estima el incremento de esa financiación sobre la anual en más de 9 millones de euros, atendiendo al incremento de los precios del combustible y otras partidas de costes vinculadas a su alza.
- Se congelarán durante tres meses la totalidad de las tarifas de transporte público de viajeros titularidad de la administración autonómica, no aplicándose la cláusula de revisión tarifaria anual (3,11%) establecida en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
- Se reducirá durante tres meses en un 15% el precio de los abonos transporte titularidad de la administración autonómica.
- Se articularán ayudas para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera, afectada por la subida del precio del combustible.
El importe estimado de estas medidas asciende a 9,65 millones.
Impulso a la capacidad energética
Castilla y León es la región de referencia en España, tanto en potencia instalada como en generación de energía, con especial importancia de las energías renovables. Por ello, la Junta reforzará las estructuras administrativas en los servicios responsables tanto de la Administración General como Institucional, comprometiéndonos a dar respuesta en los plazos tasados, en un escenario de abundante demanda de solicitudes de nuevas instalaciones de generación renovable, especialmente eólica y fotovoltaica, y con especial interés en las de autoconsumo. En la misma línea de agilización, se aumentará la cooperación con las administraciones locales, medida tendente también a incrementar la biomasa forestal como combustible no renovable, no deslocalizable, autónomo y de especial significado para el empleo en el mundo rural.
Asimimso, prestará especial atención a nuevas promociones de generación con biomasa, similares a la puesta en marcha en Cubillos del Sil (León). En el momento actual se está pendiente de la convocatoria de una subasta específica por parte del Gobierno de España, donde deben optar como adjudicatarias.
Adicionalmente, señala que por las características orográficas, existen varios proyectos de almacenamiento de energía mediante hidráulica reversible o de bombeo. En este aspecto, considera imprescindible que el Gobierno de España proceda a establecer unas condiciones de retribución y regulatorias propicias, sin las cuales este tipo de proyectos es inviable, pese a que alguno de ellos tiene la consideración de Proyecto de Interés Común para la Unión Europea desde hace años.
El importe estimado de estas medidas asciende a 1,8 millones.
Por otra parte, la Junta considera que este impulso a las energías renovables debe ir acompañado de una redefinición de la importancia de otros recursos, que contribuyan a asegurar la imprescindible garantía de suministro. Así, considera preciso acelerar en España la construcción de almacenamientos eléctricos, mediante las distintas tecnologías existentes, siendo urgente que el Gobierno establezca las medidas para que estos proyectos puedan ser rentables, mediante una adecuada retribución, y posibles ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Competividad y eficiencia energética
Ante el continuo incremento del coste energético para los consumidores y los agentes económicos de la comunidad, que amenaza de forma inmediata a su actividad:
- Impulsar, en el marco del PRTR, el Programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
De manera concreta, la Junta solicitará duplicar la dotación del programa, con 38,2 millones adicionales e implementará medios para una gestión más ágil y aumentaremos el esfuerzo en difusión. Ello permitirá reducir la factura de la energía en el coste de cada unidad productiva y/o doméstica. - Destinará 8,4 millones de euros para una próxima convocatoria de Ayudas para energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Incluirá:
• Incentivos para la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
• Incentivos para la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público. - Se dará un nuevo Impulso de la Mesa de Autoconsumo de Castilla y León, punto de encuentro de todos los agentes involucrados en el sector para detectar y proponer soluciones que eliminen las barreras que impiden un mayor despliegue de los proyectos, así como aprovechar nuevos nichos de mercado que necesitarán de un mayor esfuerzo de difusión y formación.
Aun cuando la evolución de la potencia fotovoltaica instalada en autoconsumo ha sido favorable (8.500 kW en 2019, 29.200 kW en 2020 y 59.750 kW en 2021) se siguen detectando algunas barreras (urbanísticas, medio ambientales y jurídicas) y nuevos nichos de mercado, que necesitarán de un mayor esfuerzo de difusión y formación.
Por ello, se constituirán 2 nuevos Grupos de Trabajo, sobre formación y sobre Comunidades energéticas, que se unirán a los cuatro ya existentes, potenciando sus actuaciones y desarrollando nuevos procedimientos. - Creación del índice de eficiencia energética empresarial (IEEE) en Castilla y León, herramienta web que servirá a las empresas que se adhieran voluntariamente para obtener un indicador comparado de su eficiencia energética en relación a otras de su mismo sector, y de forma global con todas las empresas.
El indicador analizará 6 ejes: electricidad, energía térmica, agua, economía, medio ambiente y gestión energética. - Creación de un fondo de inversión y participación autonómica, dotado con 15 millones de euros, para viabilizar y extender las inversiones en sistemas de autoconsumo energético para pymes, grandes empresas intensivas en energía, y para explotaciones agropecuarias de Castilla y León.
- Aprobación de la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León, con horizonte 2030. Sus objetivos principales serán la reducción del consumo de energía primaria en un 30,2%, la reducción del consumo de energía final acumulada, y la reducción de las emisiones en un 21,35%.
El importe estimado de estas medidas asciende a 61,6 millones.
Coste de la energía en la Administración autonómica
En este momento, la reducción en el consumo energético por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ha pasado a ser prioritario, no sólo por su contribución a la lucha contra el cambio climático y por su efecto ejemplarizante en la sociedad, sino también desde un punto de vista económico y estratégico, dado el elevadísimo incremento que está experimentando el precio de los suministros energéticos y las derivadas geopolíticas que supone la dependencia energética de terceros países. En este ámbito se van a contemplar cuatro paquetes de medidas:
1.- Mejora en la eficiencia energética de los edificios públicos
- Realización de obras para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de la Administración de la Comunidad, en sus distintas vertientes:
• Rehabilitación envolvente térmica, incluidas soluciones de arquitectura bioclimática y de alta eficiencia energética.
• Mejoras en las instalaciones térmicas, de refrigeración y de climatización, incluyendo digitalización y control.
• Mejoras en las instalaciones de iluminación interior, incluyendo también digitalización y control.
• Mejora en las instalaciones de transporte vertical (ascensores, y escaleras mecánicas), con recuperación de efluentes térmicos.
Dada la alineación de estas medidas con los objetivos de los fondos europeos, tanto Feder como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se procurará su cofinanciación con dichos fondos. - Realización de auditorías energéticas, certificaciones energéticas de edificios e implantación de SGE-ISO-50001 en edificios de la Administración de Castilla y León.
2.- Ahorro energético en el funcionamiento de la Administración
- Medidas de contención del consumo: se reducirá, dentro de los márgenes de confortabilidad, el uso de los sistemas de climatización de los edificios.
- Con sujeción a las normas que regulan el horario de los empleados públicos, y previa su modificación si fuera preciso, se adaptarán los horarios de apertura de los edificios administrativos.
- Medidas de concienciación entre los empleados públicos: difusión entre los empleados públicos de guías y manuales de buenas prácticas para el ahorro energético en el puesto de trabajo.
- Contratación de equipos eficientes: en la adquisición de equipos electrónicos se valorará su menor consumo energético.
3.- Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles
- Realización de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en todos los edificios que sean susceptibles técnica, medioambiental y económicamente. Se iniciará la actuación por los centros de mayor consumo de la Comunidad, como son los Centros Hospitalarios, de los que además ya se dispone de un estudio de viabilidad técnica.
- Conexión a redes de calor: los edificios públicos que no lo estuvieran ya, se conectarán cuando ello sea posible a las redes de calor existentes en sus municipios.
- Instalación de calderas de biomasa en aquellos edificios públicos que por sus dimensiones, uso y actual estado de sus instalaciones sea viable.
- Descarbonización de la flota de automóviles: inversión de 5,4 millones de euros para priorizar la adquisición de vehículos eléctricos en la compra de automóviles por la administración.
• Durante 2022 se licitará la adquisición de al menos 137 vehículos eléctricos para sustituir vehículos de combustión de los diferentes organismos y consejerías.
• Paralelamente, se instalarán al menos 184 puntos de recarga en los edificios públicos.
4.- Racionalización de la contratación de suministros energéticos
Se tramitarán 2 acuerdos marco que regirán la contratación de los respectivos suministros energéticos para todos los órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y resto de entidades que se adhieran:
• Acuerdo marco relativo al suministro de gas natural canalizado: fecha prevista formalización noviembre de 2022.
• Acuerdo marco relativo al suministro electricidad: fecha prevista formalización abril de 2023.
El importe estimado de todas las medidas asciende a 54,8 millones.
Ciberseguridad
El nuevo escenario ha acelerado la conciencia y la necesidad de garantizar la ciberseguridad en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, así como la integridad de las infraestructuras críticas, aspectos también aplicables a las empresas. Así, la Junta plantea:
- En el ámbito interno, se impulsarán medidas específicas de seguridad (técnicas, humanas y organizativas), enfocadas a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes, y con el objetivo último de garantizar la protección de la información manejada por la Administración Autonómica, de sus servicios, sus sistemas y las redes que los soportan:
• Modificación del modelo de gobernanza y gestión de los servicios TIC de la Administración autonómica para adaptarlo a la realidad y necesidades actuales.
• Integración del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) corporativo en la Red Nacional de SOC promovida por el CCN-CERT.
• Ampliación del personal de las unidades con funciones relacionadas con la ciberseguridad, y mejora de la capacitación de todo el personal de la administración mediante la formación obligatoria en ciberseguridad.
• Protección de dispositivos móviles y de accesos directos a Internet.
• Publicación de aplicaciones con las máximas garantías de seguridad mediante la realización continua de auditorías y pruebas de intrusión.
• Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información contenida en las bases de datos.
• Integración de las tecnologías de Inteligencia Artificial con las herramientas de ciberseguridad existentes, que facilitan la construcción y el diseño de soluciones totalmente nuevas basadas en esas interacciones. - En el ámbito externo, la ciberseguridad es necesaria para el crecimiento y supervivencia de las compañías y para la mejora de su competitividad. Por ello, se potenciará la colaboración con agentes externos (INCIBE, Aetical, Universidades…) para acompañar a las empresas y sectores regionales en su adaptación, con los siguientes apoyos:
• Ayudas tanto a los desarrolladores de tecnología como a las empresas para la adquisición de las soluciones.
• Desarrollo de compra publica innovadora precomercial, en materia de ciberseguridad.
• Programa específico de formación a las Pymes.
• Apoyo al emprendimiento en ciberseguridad.
• Prácticas no laborales en empresas, para la incorporación de jóvenes recién titulados con formación específica en ciberseguridad.
• Servicio regional de proximidad de orientación y asesoramiento tecnológico a empresas y autónomos, tanto en ciberseguridad como en teletrabajo COVID19.
• Impulso de la figura de Digital Innovation Hub (DIH) como candidato a la red europea de Digital Innovation Hubs (EDIH), prevista por la Comisión Europea en el marco del programa Digital Europe (2021-2027).
El importe estimado de estas medidas asciende a 4,5 millones.
Compensación del incremento de los costes públicos
Para evitar el colapso y estancamiento de las empresas contratistas, y permitir la ejecución de los contratos públicos:
- Se aprobará un acuerdo que permita la aplicación automática en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad, de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público, previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022.
- Paralelamente, se recogerá la aplicación de esta medida a las entidades locales de Castilla y León y al resto del sector público institucional de Castilla y León, siempre que así lo acuerden sus respectivos órganos de gobierno.
- Se reclamará al Gobierno de España que esa revisión de precios se extienda al resto de tipología de contratos y materiales, la ampliación de plazos y/o la eliminación de penalizaciones contractuales por retrasos derivados de la ruptura de la cadena logística.
El importe estimado de estas medidas asciende a 37 millones.
Reprogramación y refuerzo de los fondos europeos
En el contexto actual, de una manera análoga a la que se ha producido desde el comienzo de la pandemia, se hace esencial lograr el aprovechamiento más eficiente de los recursos europeos. De esta forma, se garantizará un gasto más eficiente y acertado de los recursos, que multiplicará el efecto buscado sobre las economías nacionales y regionales.
- La Junta se analizará, dentro de las capacidades que nos concede la normativa, las posibilidades de reprogramación de los diferentes fondos de la UE asignados, con el fin de orientarlos a las prioridades actuales.
- Paralelamente, desde la Junta se hará uso de la propuesta del Reglamento de Disposiciones Comunes a los efectos de extender la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100% a los gastos declarados en solicitudes de pago presentadas en el ejercicio contable 2021-22, en aquellos programas operativos y ejes para los que lo solicite el Estado miembro.
- Se solicitará al Gobierno de España que incremente la capacidad de las comunidades autónomas de orientación de los fondos europeos a la atención de las necesidades reales del tejido productivo y a prioridades como la transición energética, que ha ganado urgencia en el contexto actual.
Simplificación administrativa
Con la finalidad de aligerar la carga burocrática que le corresponde asumir al ciudadano y a las empresas, desplazando parte de ella hacia la Administración y, con ello, generar un impacto reactivador de la actividad económica, se aprobará un nuevo paquete de medidas impulsoras y simplificadoras de algunos de los procedimientos administrativos, así como para agilizar la gestión de los fondos europeos.
Además, el documento plantea un segundo bloque de medidas, que recogen aquellas que implican compromisos para la Junta, pero requieren de una decisión previa del Gobierno de España.
Apoyo a los sectores productivos
Con la finalidad de otorgar ayudas a los sectores más afectados por la subida de precios y la actual crisis energética (el sector primario, el transporte o las industrias electrointensivas, entre otros), la Junta, comprometiéndose a su gestión, demanda:
- La dotación de un Fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis, dotado con los remanentes de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del Covid-19.
- El establecimiento de una normativa reguladora de estas nuevas ayudas, que evite las rigideces que afectaron a esas ayudas COVID, y que propiciaron su insuficiente ejecución y un menor alcance.
El importe estimado de estas medidas ascienden a 75,4 millones.
Financiación para la acogida e integración de refugiados
La Junta de Castilla y León ha estructurado 15 medidas específicas para hacer frente a la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa en Ucrania.
En consonancia con ello, se reclama al Gobierno de España la puesta en marcha de un fondo extraordinario para la financiación de servicios públicos, dirigido a financiar el mayor gasto asociado a los servicios públicos esenciales que deben prestar las autonomías a los refugiados ucranianos –atención sanitaria, servicios educativos, gasto social, o en materia de vivienda y empleo.
Castilla y León Económica
