Las fiscalías provinciales de León, Soria y Segovia mantienen abiertas distintas investigaciones con el fin de depurar posibles responsabilidades penales respecto de los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y personal directivo de las entidades de ahorro de Castilla y León, en concreto de Caja España, Caja Duero y Caja Segovia.
Las 3 vías investigadoras son consecuencia de la denuncia interpuesta en noviembre de 2011 ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por José María González Suárez, coordinador regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, después, además, de que Manuel Martín Granizo, Fiscal Superior de la Comunidad, elevara consulta a la Fiscalía General del Estado sobre si las pesquisas eran competencia de Fiscalía Anticorrupción y la respuesta de Eduardo Torres Dulce fuera que las mismas competían a cada una de las fiscalías provinciales.
Y es que Torres Dulce, según una información del diario El Mundo recogida por Europa Press, entendía que “no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta” y que “no hay razones fundadas” para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.
Manuel Martín Granizo, Fiscal Superior de Castilla y León, explicó a la agencia de noticias que a finales del pasado mes de enero, tras recibir la consulta evacuada a la Fiscalía General del Estado, dio órdenes para que se iniciaran las investigaciones, que, según precisó, llevan a cabo las fiscalías de León, Segovia y Soria, “que desde entonces estarán haciendo lo que tengan que hacer”.
Más denuncias
Martín Granizo, quien indicó que entre las supuestas conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios y contra el patrimonio, apuntó además que “en León ya tenían alguna otra denuncia, al igual que en Segovia por los mismos hechos, que se han remitido al juzgado”.
La denuncia de IU que ha dado origen al proceso investigador incluía una serie de supuestas irregularidades desde 2008 entre las que destacan una serie de “créditos de escasa solvencia” o en condiciones “ventajosas” para algunos consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.
Dentro de esos préstamos personales sobresalían una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se incluía un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de 13 millones de euros.
De igual modo, se refería una serie de préstamos “irregulares” en el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009, cuando se concedieron a uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a su propiedad por valor de 17,6 millones de euros y un préstamo hipotecario, al mismo beneficiario, por importe de 15,2 millones.
La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en “condiciones mucho más favorables” que la del resto de trabajadores y entre las que sobresalían los cerca de 6 millones de euros de Caja Segovia a Manuel Escribano, ex director general, en concepto de prejubilación.
Dejar actuar a la Justicia
José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León, reiteró que las investigaciones sobre estos hechos se iniciaron “hace meses” y, tras expresar el “máximo respeto” del Gobierno regional a “cualquier tipo de investigación”, se mostró partidario de “dejar actuar a la Justicia”.
Europa Press / Castilla y León Económica
