Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, aseguró que la tercera reforma financiera que aprobó este viernes el Ejecutivo central culmina la reestructuración del sector y se hace “con un objetivo básico y fundamental: que no cueste ni un euro al contribuyente”.
Según sus palabras, es una regulación “muy completa” que diseña los mecanismos necesarios para la resolución de crisis bancarias, que incluye medidas “de calado” para la protección de los inversores, que resulta “imprescindible” para reactivar el crédito y que pretende dinamizar el mercado inmobiliario con la creación de la Sociedad de Gestión de Activos. “Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional”, aseveró.
Banco malo rentable
También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Luis de Guindos, titular de Economía y Competitividad, explicó que el denominado banco malo derivado de esta nueva reforma tiene que ser una sociedad de gestión de activos inmobiliarios “rentable” que se desprenda de éstos en un plazo de entre 10 y 15 años.
Está previsto que este instrumento, recogido en el memorando de entendimiento firmado con Bruselas para recibir la ayuda financiera de 100.000 millones de euros para sanear la banca y al que las entidades nacionalizadas transferirán sus activos inmobiliarios dañados, esté definido a finales de noviembre o principios de diciembre.
Asimismo, De Guindos descartó “en principio” la liquidación de alguna entidad financiera en los próximos meses y subrayó la necesidad de esperar a conocer las necesidades de capital que fijarán las consultoras independientes dentro de unos 15 días.
Preferentes
Por otra parte, los instrumentos híbridos de capital (participaciones preferentes y deuda subordinada) se canjearán a precio de mercado a lo que se añadirá una diferencia máxima de un 10%, tal y como precisó el responsable económico del Gobierno.
Los titulares de preferentes y deuda subordinada se verán obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en crisis con el objetivo de reducir al máximo posible el coste de la reestructuración para el contribuyente.
Además, en la nueva regulación se introducen una serie de restricciones para la comercialización de estos productos a futuro para garantizar la protección de los inversores minoristas.
Otras novedades
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyas competencias se verán reforzadas con el real decreto ley de Reestructuración y Resolución de entidades de crédito aprobado hoy por el Gobierno, tendrá una dotación de los Presupuestos del Estado y podrá financiarse con cargo a terceros con un límite que para 2012 se fija en 120.000 millones de euros, frente a los 99.000 millones establecidos hasta ahora.
En paralelo, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sólo se dedicará a garantizar los ahorros de los españoles, frente a las competencias que había asumido hasta ahora en la recapitalización de entidades.
Europa Press / Castilla y León Económica
