El Tribunal Supremo ha eximido al Estado de responsabilidad patrimonial por no vigilar la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa, que fueron intervenidas el 9 de mayo de 2006 por presunta estafa tras más de 25 años de funcionamiento, según la sentencia dictada el pasado 13 de diciembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma así el fallo dictado por la Audiencia Nacional el pasado 5 de febrero, que concluyó que no se puede exigir al Estado “la garantía absoluta” del adecuado funcionamiento del sistema.
La sentencia del Supremo concluye que “no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas que se movían en el ámbito mercantil”. El Supremo resuelve así uno de los 450 recursos de casación presentados por los cerca de 460.000 afectados por estas dos empresas, cuyo agujero patrimonial alcanza los 4.600 millones de euros, de los que sólo recuperarán cerca del 30% de lo invertido. La sentencia reproduce textualmente los argumentos del dictamen de la Audiencia Nacional.
Los magistrados concluyen que la actividad desarrollada por las filatélicas era de naturaleza mercantil, por lo que el Ministerio de Economía y Hacienda, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Agencia Tributaria carecían de competencia de supervisión y control sobre la actividad. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, que actualmente tramitan las liquidaciones de las empresas, concluyeron que la actividad era financiera.
Argumentos encontrados
Los afectados alegaban que las compañías estaban sujetas al artículo 26 bis de la Ley del Mercado de Valores, aprobado en 1998 y derogado en 2005, que establecía que cualquier captación de ahorro debía estar regulada por la CNMV, o por la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España. Sin embargo, el Supremo acoge la doctrina de la Audiencia Nacional que concluyó que los contratos suscritos por los clientes estaban sujetos a la Ley General de Consumidores y Usuarios y, en concreto, a la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Esta disposición adicional cuarta otorgaba la obligación de supervisión al Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya competencia está transferida a las comunidades autónomas, y ordenaba la elaboración de una regulación específica para el sector de los bienes tangibles. Sin embargo, el Supremo “rechaza que existiera norma legal alguna que habilitara a las autoridades de consumo para supervisar la solvencia de las entidades encargadas de la comercialización de bienes tangibles”.
Además, el Alto Tribunal añade que “ni los consumidores que contrataron con Fórum y Afinsa formularon reiterada o manifiestamente denuncias ante las autoridades de consumo sobre el funcionamiento de las entidades, por lo que difícilmente puede imputarse al ministerio el resultado de la gestión económica de las referidas sociedades”.
1 sentencia, 450 recursos
El Supremo señala que, a pesar de que existen 450 recursos, esta sentencia “aborda la problemática jurídica desde una perspectiva global que atienda a la mayoría de los motivos recogidos en las distintas reclamaciones de los perjudicados”. Esto hace previsible que este dictamen se aplique a al resto de recursos presentados, a pesar de que las alegaciones jurídicas son diferentes en cada uno de ellos, tal y como sucedió con la sentencia de la Audiencia Nacional y como denuncian los representantes legales de los afectados.
La sentencia del Supremo llega 4 años y 7 meses después de que la Audiencia Nacional ordenara la intervención judicial de las 2 filatélicas, tras la denuncia presentada por Anticorrupción a raíz de las irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional mantiene abiertas 2 causas penales contra más de una veintena de directivos y de colaboradores de Forúm y Afinsa por presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública.
Europa Press
Habrá que demandar tanto al PSOE como a la Inspectora Yábar,en este caso por incompetente si se consolida la Sentencia de tratarse de un asunto mercantil en lugar de financiero como señala el Tribunal Mercantil especializado en estos asuntos.A la vista de lo ocurrido, creo que ha sido un error provocar el Contencioso-Adtvo.antes de que existieran otras sentencias como la señalada y la de la jurisdicción penal, pero hay que reconocer que se llevó a cabo por presión de los afectados sobre los Abogados, incluso en contra de su opinión.
No obstante cada día vemos más huecos que, suponemos que por miedo, no han sido asumidos por las distintas defensas. Está claro que hay que entrar en un período de estudio y reflexión sería sobre el tema, no sobre otros intereses distintos.
Lo de Afinsa y foro filátelico no es mas que todos los chanchullos que nos demuestran los sociasistos,como
rumasa todo pa el pueblo,despues de su expropiación Huvo que pagarla ya que lo que hicierón era ilegal.
Este caso biene a ser lo mismo .Una empresa se inversión despues de 25 años ,les combiene intervenir sin
mas que en sus 25 años de gestión no sabemos como si era ilegal paso tanto tiempo sin inspección alguna para detectar si habia irregularidades.
Un ciudadano normalito ,que no este con privilegios como ser politico.Tienes un minimo fallo y te sancionan y si no te embargan lo poco que tengas de tu propiedad. Pero los que hacen mucho daño y dejan
a 100000 de personas sin sus ahorros de toda su vida no tienen ninguna responsabilidad. Esto es socialismo
¿Fue Afinsa una precursora de la burbuja inmobiliaria y de las hipotecas subprime, que más tarde nos afectó a todos? Es un episodio de una época alocada donde parecía que el dinero llovía del cielo.