El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles -con los votos de PP, CiU y UPN- el decreto ley de medidas urgentes con las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé reducir con “carácter inmediato” el desequilibrio presupuestario de España en más de un punto porcentual del PIB, ante un déficit público que se situará en el 8% en 2011, 20.000 millones de euros por encima de lo previsto inicialmente.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aseguró que las primeras actuaciones de ajuste aprobadas por el Gobierno, por importe de 15.189 millones de euros, han sido adoptadas de la forma “más neutral y ponderada posible” para “no perjudicar el crecimiento de la economía”, que arranca 2012 “al borde de la recesión y con 5 millones largos de parados”; al tiempo que reiteró que la subida de impuestos será “temporal”.
También acusó al anterior Ejecutivo de ocultar una situación que conocía “sobradamente”, como demuestra el hecho de que “a los pocos días” de llegar al poder el PP se encontró con “información relevante” acerca de un “agujero negro de más de 20.000 millones de euros de déficit”.
Subida de impuestos y pensiones
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprueba una primera reducción de gastos en 8.900 millones de euros, que se sumarán a los cerca de 6.200 millones de euros más que prevé recaudar como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresivo del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Por contra, contempla un incremento del 1% para las pensiones en 2012, tras la congelación sufrida en 2011, y el Gobierno se compromete a corregir la pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben esta prestación si la inflación cierra este año por encima del 1%.
Medidas para la banca
Asimismo, el decreto incluye materias ajenas al ajuste presupuestario, como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, justifica para evitar la sequía de crédito.
También se revisan las condiciones en las que una caja se convertía en fundación si poseía menos del 50% de las acciones del banco que gestione su negocio, eliminando este umbral, de forma que en la nueva redacción dada por el decreto se alude simplemente a una situación en que “deje de ostentar el control”.
Europa Press
