Los usuarios de servios sociales prestados por la Junta de Castilla y León pagarán en función de su capacidad económica y nunca más del 90% del importe total, según se desprende del nuevo decreto que fija los precios públicos de atención a personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que ha sido consensuado con el Cermi y el Consejo Regional de Personas Mayores.
En concreto, el documento se refiere a las prestaciones de atención residencial -residencias y viviendas-, centros de día -estancias diurnas y centros ocupacionales- y servicio de estancia nocturna.
Nuevos criterios
De este modo, la nueva normativa fija un precio público por día y no por mes, como sucedía hasta ahora, para cada uno de los servicios en función del sector de la población (personas con discapacidad o mayores); del subsector (discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental); del tipo de centro (residencia, vivienda o centro de día), del tipo de plaza y la modalidad del usuario (grado de asistido o de afectación de la discapacidad y grado de dependencia) y de la cobertura del servicio (días de la semana y del año).
El decreto establece un único sistema de precios, unifica los criterios para el cálculo de la aportación de los servicios de la Ley de Dependencia y del resto de Servicios Sociales y homologa la aportación de los usuarios, que pagarán dependiendo de su situación económica, por lo que se beneficiarán quienes dispongan de rentas inferiores.
Europa Press / Castilla y León Económica
