Los hechos constatan que fue “un acierto no presentar los Presupuestos Generales de Castilla y León en octubre de 2011, con unos datos que nos habrían llevado a confeccionar unas cuentas irreales”, explicó Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta, tras registrar este jueves en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 y que, según avanzó, previsiblemente se aprobarán en los primeros días de julio. De hecho, se ha decidido habilitar este mes y se ha solicitado la comparecencia de todos los consejeros del Ejecutivo autonómico, para que las cuentas puedan tramitarse y aprobarse de forma ordinaria.
Del Olmo desgranó las líneas maestras de las magnitudes presentadas por Juan Vicente Herrera, presidente del Ejecutivo regional, hace menos de una semana. Así, apuntó que el ratio de deuda viva de Castilla y León alcanza el 9,4%, frente al 3,4% de 2006, lo que sitúa a la comunidad autónoma como la sexta menos endeudada, mientras que la media nacional es del 13,1%.
Prioridades
La consejera de Hacienda incidió en el carácter social de estas cuentas, lo que ha obligado a sacrificar las inversiones y subvenciones, que caen un 34,5% hasta los 1.247,8 millones en su conjunto.
Del Olmo hizo referencia a la devolución de 1.900 millones de euros que habrá que realizar en los próximos 10 años “por los errores gravísimos de cálculo en las entregas a cuenta con el Gobierno del PSOE”. Asimismo, los intereses de deuda pública se han quintuplicado desde 2006 hasta alcanzar los 335 millones de euros. El endeudamiento de la comunidad autónoma se situó en 5.476 millones de euros en 2011, el triple que en 2006, antes del inicio de la crisis.
Respecto a la distribución del gasto, el 61,4% (4.804,8 millones) se dedica a funcionamiento, de los que un 74,2% corresponde a costes de personal (y de este porcentaje, el 86,7% va a parar a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia); y el 25,8% restante (1.240 millones) es de gastos corrientes, dentro de los que el 94,4% es para las 3 carteras sociales.
En este sentido, el 67% de las políticas de gasto (6.539 millones de euros) son para programas sociales, el 24% (2.313 millones) para promoción económica, el 6% (611 millones) para deuda pública y el 3% (257 millones) para servicios generales.
Entre los ajustes, Del Olmo quiso destacar algunas partidas que crecen y con las que se apuesta “por la salida de la crisis”, como la destinada al capítulo de I+D+i, que se incrementa un 9,71%.
La Junta administrará 9.720 millones de euros en 2012, cifra similar a la de 2006 y un 3,24% inferior a la del pasado ejercicio, si bien el montante que tendrán a su disposición las consejerías asciende a 7.821 millones, ya que al importe total hay que restarle los casi 612 millones de euros del gasto financiero -el que se destina a amortizar préstamos y a sufragar líneas de crédito a empresas; así como las tres partidas de gasto no financiero sobre las que la Junta no tiene capacidad de decisión, como son los fondos de la PAC (923,8 millones), los 335,1 millones por el pago de intereses por endeudamiento, y los 28,1 millones que gestionan las Cortes de Castilla y León y el Consejo Consultivo.
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