La Cámara de Contratistas de Castilla y León advirtió este miércoles que, en caso de no elevarse la partida destinada a infraestructuras, cerca de 30.000 trabajadores pasarán a engrosar las listas del paro en la región.
La tradicional comparecencia de la presidenta de dicha entidad, María Isabel de Blas, en el primer trimestre para informar sobre la previsión de inversiones en obra pública de las diferentes administraciones en el año en curso se ha visto postergada en esta ocasión al mes de junio ante la “desorientación” que vive el sector y ha servido para cargar las tintas contra la política centrada en atajar el déficit por la vía de reducir las inversiones, algo que, como así señaló De Blas, “es un grave error que está bloqueando la economía”.
De hecho, la máxima representante de los contratistas de la región insistió en que continuar recortando las inversiones en obra pública supondrá la “puntilla” a un sector que se encuentra “al límite de su resistencia” y que ya ha perdido 48.600 activos desde 2008, hasta situarse en 76.000, con lo que antes de finalizar el presente ejercicio podrían quedar sin empleo otros 30.000 trabajadores.
Inversiones previstas
El drástico vaticinio realizado por De Blas se fundamenta en las previsiones de inversión en obra pública para 2012, que en el conjunto de las administraciones se sitúa en 1.030 millones en Castilla y León (768 la central, 172 la regional y 90 la local), frente a los 2.618 millones consignados en 2011, pero con el agravante de que del total previsto para este ejercicio tan sólo se han licitado en el primer semestre 331 millones y de éstos únicamente se han adjudicado 135.
“A lo largo de los últimos años se han previsto unas inversiones que en buena parte casi nunca llegan a ser licitadas y menos aún contratadas, cuando no reprogramadas o anuladas”, lamentó la presidenta, quien subrayó que ello provoca la quiebra de las empresas debido a que sus gestores realizan las previsiones de inversión en función de las obras anunciadas en los presupuestos.
Europa Press