Las organizaciones agrarias españolas han exigido que se depuren responsabilidades políticas tanto en la Comisión Europea como en el Gobierno alemán por la gestión de la denominada “crisis del pepino”, que ha desembocado en la prohibición a la entrada de productos hortofrutícolas procedentes de España en diferentes países europeos y ha provocado “graves pérdidas económicas” a los agricultores españoles.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que las investigaciones han de culminarse para “llegar hasta el fondo de la cuestión y eliminar cualquier sombra de sospecha sobre la seguridad y calidad” de las producciones españolas. Además, coincide con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en la reclamación a la Comisión Europea, al Gobierno alemán y a las autoridades de la ciudad-Estado de Hamburgo de que “resarzan al sector hortícola español de los daños causados, que alcanzarán cifras millonarias”.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha pedido la dimisión de la responsable de Salud de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, por “actuar de forma irresponsable, saltándose todos los protocolos de acción en situaciones de crisis alimentarias como la que vive Alemania en estos momentos”. También ha solicitado que se normalice cuanto antes el mercado, que los países que habían establecido bloqueos los cancelen “de inmediato” y que se depuren responsabilidades para que las autoridades alemanas “paguen por lo que han hecho” al sector hortícola español, “víctima de una acusación precipitada”.
Por su parte, Asaja, además de pedir que se depuren responsabilidades, ha abogado por revisar el sistema de alertas. “El sistema ha fallado y no se puede volver a consentir que ningún país vuelque sobre otro sospechas infundadas en temas tan serios y que generan una alarma social tan importante”, argumenta.
Pérdidas de 15 millones en el transporte
En paralelo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha cifrado en 15 millones de euros las pérdidas registradas durante la última semana en el sector a causa de esta situación.
Según un comunicado de la organización, más de 7.500 transportistas se han visto afectados por esta crisis, lo que desde Fenadismer han considerado “una amenaza” para la recuperación del sector español de transporte internacional. Los datos que maneja la organización indican que más del 90% de los productos hortofrutícolas españoles se transportan a los mercados europeos por carretera, frente a un 8% que se transporta por ferrocarril.
Por ello, la federación ha solicitado al Gobierno su “inmediata” intervención en relación a la prohibición llevada a cabo unilateralmente por diferentes estados de la UE, dado que está suponiendo un “importante” perjuicio para el sector, “ya de por sí gravemente afectado por la crisis económica que atraviesa desde mediados de 2008”.
Europa Press / Castilla y León Económica
