El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy un anteproyecto de ley para impulsar, con el mayor consenso posible y por el procedimiento de urgencia, la modificación de las 3 leyes que regulan del Gobierno y la Administración de Castilla y León, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Esta modificación responde al compromiso marcado por el Juan Vicente Herrera, presidente del Gobierno regional, de implantar una política de austeridad durante la presente legislatura.
En la primera de estas normas, el cambio supone fijar en 10 el número máximo de consejerías con las que podrá contar el Gobierno autonómico. La Dirección General de Presupuestos emitió un informe favorable en el que afirma que esta medida contribuirá a incrementar la racionalidad del gasto público y la estabilidad de las cuentas autonómicas.
Consejo Consultivo
En cuanto al Consejo Consultivo, se establece la posibilidad de que la Junta le solicite dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía. Las modificaciones también afectan al número de consejeros electivos, que pasan de ser 5 a 3, que serán elegidos exclusivamente por las Cortes, suprimiendo a los 2 designados por el Gobierno regional. Además, para los consejeros natos señala la condición de haber accedido a la responsabilidad de presidente de la Junta al comienzo de una legislatura, ser ciudadanos de Castilla y León y limita su mandato hasta los 70 años, suprimiéndose la posibilidad de prórroga hasta los 75 años. Por otra parte, realiza precisiones sobre la incompatibilidad de los consejeros electivos, que será apreciada por las Cortes.
Consejo de Cuentas
Las modificaciones aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno señalan también que los informes de fiscalización se harán públicos a través de la sede electrónica del Consejo de Cuentas, eliminando su publicación en el Bocyl, donde sí se registrarán las resoluciones que adopten las Cortes sobre dichos dictámenes. En este órgano también se reducirá el número de consejeros, que pasarán de 5 a 3. Otro de los cambios contempla que el presidente sea quien convoque el Pleno a iniciativa propia o siempre que lo soliciten los otros dos consejeros. Además, se establece que a los informes de fiscalización pendientes de publicación en la fecha de entrada en vigor de la ley se les aplicarán las previsiones contempladas en ésta.
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