La Junta de Castilla y León convocó este martes 2 líneas de subvenciones incluidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl) para 2020 dirigidas a promover la formalización de contratos indefinidos y la inserción laboral de personas sin trabajo y en riesgo de exclusión. El presupuesto conjunto asciende a 4,26 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo (FSE).
El primer programa respalda a las empresas que formalicen contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo o transformen en indefinidos determinados contratos temporales a menores de 35 años, mayores de 55, mujeres y emigrantes castellanos y leoneses retornados. Estas contrataciones deben mantenerse durante al menos 2 años.
En segundo lugar, habilita incentivos para los autónomos que contraten a su primer empleado de forma indefinida, por un mínimo de 2 años, siempre que el trabajador contratado estuviera desempleado. Y, para finalizar, apoya la conversión a tiempo completo de los contratos indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres con el reto de favorecer la igualdad de oportunidades.
Colectivos prioritarios
En todos los casos se establece la contratación preferente de colectivos definidos como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo. Es el caso de jóvenes menores de 35 años, mayores de 55 años, parados de larga duración, mujeres, emigrantes retornados, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y aquellas que carezcan de prestaciones por desempleo y tengan cargas familiares.
En lo que respecta a la cuantía individual de la ayuda, se establece un importe general de 4.000 euros por cada contrato indefinido realizado, que se incrementará en 1.500 euros cuando la persona contratada tenga menos de 35 años, y en otros 1.500 euros si, además, es titulado universitario o técnico superior de Formación Profesional y se integra en la plantilla de empresas que tengan implementada la economía circular o cuya actividad esté vinculada con el medio ambiente, la sostenibilidad energética y el tratamiento de residuos.
Cabe destacar además, como una de las principales novedades de este año, que la empresa recibirá una partida adicional de 500 euros si el centro de trabajo en el que va a prestar sus servicios el trabajador contratado está situado en municipios con menos de 5.000 habitantes, tal y como recoge la Estrategia de Empleo Rural y Local.
Objetivos
La previsión del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que es el órgano encargado de gestionar estos apoyos, es incentivar la formalización de 388 contratos a través de esta línea, dotada más de 2,23 millones de euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Por otro lado, la Consejería de Empleo e Industria ha convocado algo más de 2 millones de euros, cofinanciados por el FSE, en una segunda línea de ayudas para promover la inclusión laboral de personas desempleadas o en riesgo de exclusión.
En concreto, financia los costes derivados de la contratación a jornada completa durante al menos 6 meses de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de personas en paro que requieren una atención específica. Los destinatarios de estas ayudas son entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, empresas participadas por éstas y empresas de inserción. La previsión es alcanzar los 204 contratos.
Son beneficiarios de estas subvenciones los mayores de 45 años, parados de larga duración, víctimas de violencia de género, participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), solicitantes y beneficiarios de protección internacional, personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, jóvenes menores de 30 años con expediente de protección acreditado por el órgano competente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Como en el caso de la convocatoria anterior, se prima a aquellas entidades y empresas que incorporen a estos trabajadores en centros ubicados en el medio rural, así como a las que han adoptado medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral o conducentes a una mejor información sobre la estructura salarial, de transparencia retributiva y de brecha salarial de género.
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