Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, presidió este miércoles la reunión del Consejo Regional de Economía Social, donde se hizo balance, con los representantes del sector, de las actuaciones realizadas este año en materia de economía social. A lo largo de 2020, la Junta de Castilla y León destinó 32,17 millones de euros a la integración laboral y social de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias y compañías de inserción. Además, se destinaron otros 961.224 euros a cooperativas y sociedades laborales.
Amigo informó también a los miembros del Consejo de las partidas y actuaciones previstas en los presupuestos del próximo año, donde se garantiza que la Junta seguirá apostando por la economía social y por la integración laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Precisamente, de cara a la gestión y diseño de los programas y políticas de empleo, los representantes de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo reclamaron, durante la celebración del Consejo, la posibilidad de tener voz y representación en las comisiones especializadas dentro del Diálogo Social. Para estas organizaciones sería razonable y enriquecedor su inclusión en aquellos debates y negociaciones que les afectan de forma directa, en materias como el fomento del empleo o la integración laboral, especialmente teniendo en cuenta el creciente peso del sector en Castilla y León.
La economía social es una herramienta fundamental al servicio de la cohesión social, que ha logrado mantener y crear empleo incluso en los momentos de crisis. El sector mantiene un incremento sostenido en la región. Castilla y León cuenta con 323 centros especiales de empleo donde trabajan 6.687 personas, la inmensa mayoría con discapacidad; otros 376 trabajadores prestan servicio en las 18 empresas de inserción existentes; se contabilizan, además, 2.179 cooperativas y 1.480 sociedades laborales, entidades que en su conjunto superan los 30.000 puestos de trabajo.
Balance 2020
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Empleo e Industria en este ejercicio, destacan los 30,16 millones de euros destinados a financiar los costes salariales de personas con discapacidad contratadas por los centros especiales de empleo, así como los costes de las unidades de apoyo a la actividad profesional. Estos centros contaron, además, con una partida de 777.075 euros para financiar las inversiones llevadas a cabo.
Por su parte, las empresas de inserción percibieron ayudas por valor de 770.000 euros para fomentar la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social. Estas subvenciones van dirigidas a financiar el 50% del SMI de las personas contratadas y el personal de acompañamiento. Por último, en materia de inserción laboral, se destinaron 340.000 euros al fomento de la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias y se han invertido 125.000 euros para respaldar a las entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo a estos trabajadores.
En cuanto a las cooperativas y sociedades laborales, la Consejería de Empleo e Industria dedicó este año 718.224 euros para financiar proyectos de inversión en más de 40 entidades y 243.000 euros para fomentar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales.
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