El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este jueves el Proyecto de Ley de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Se trata de un proyecto de ley cuyo texto fue acordado entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales de la región, fue puesto a disposición de los ciudadanos en Gobierno Abierto y de los distintos consejos consultivos de la comunidad autónoma para ser aprobado por la Junta como paso previo a su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.
De esta forma, el Gobierno de Castilla y León es el primero de España en aprobar una norma en esta materia que se enfoca “hacia 2 grandes retos unidos”, como destacan desde el Gobierno regional: la conciliación y la corresponsabilidad y la eliminación de la brecha salarial de género.
En este sentido, por un lado se refuerza la conciliación de las personas y las familias, lo que impulsa un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, por otro, y como segundo gran reto, se pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.
Realidad territorial y social
Además es una ley adaptada a la realidad territorial de Castilla y León que da especial prioridad al ámbito rural, con objetivos como fomentar la natalidad para evitar la despoblación especialmente en zonas rurales; establecer el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años, nuevas formas de cuidado de personas, además del acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.
También es una ley diseñada para la realidad social actual, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades de familia y promueve el acceso prioritario de las familias numerosas y monoparentales, especialmente de aquellas con menos recursos, víctimas de violencia de género y de las personas y familias que residen en el medio rural de la región, a las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que adopten.
Sensibilización y formación
Al mismo tiempo, es una ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para impulsar la conciliación y apuesta por medidas novedosas, que establece la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local y que es una ley integral, ya que contempla medidas transversales y medidas tanto en los ámbitos público como privado para la Administración, las empresas y las entidades del tercer sector.
El texto del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 de ellas de carácter transversal o general. El coste estimado derivado de la implantación de la Ley es de 121,5 millones de euros al año.
Medidas de carácter general
Se aprobarán planes quinquenales por parte de la Junta de Castilla y León, en colaboración con las corporaciones locales, que recogerán objetivos y medidas concretas en materia de conciliación que previamente se hayan consensuado.
Junto a esto, en la planificación en materia de igualdad se incluirán objetivos y medidas dirigidos a la eliminación de la brecha salarial y en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo se incluirá la variable de sexo que posibilite un mejor conocimiento de los factores que puedan impedir la conciliación.
Además, se promoverán proyectos destinados a una gestión eficiente y uso racional del tiempo de trabajo y a la promoción profesional de las trabajadoras; se incluirá aspectos sociales en la contratación pública en materia de conciliación y eliminación de la brecha salarial a través de un nuevo Acuerdo de cláusulas sociales, y se llevarán a cabo campañas sobre los beneficios de la conciliación y también dirigidas a eliminar la brecha salarial de género.
Entre las medidas de conciliación en el ámbito público destacan subvenciones, deducciones fiscales, empleo público; ámbito educativo; Servicios Sociales; e innovación.
Por su parte, entre las medidas de conciliación en el sector privado destacan: contemplar en la negociación colectiva aspectos de conciliación; que se tenga en cuenta como prácticas de gestión de recursos humanos la vida personal y familiar de las personas trabajadoras; el impulso a planes de igualdad en las empresas que contemplen la conciliación; la adopción de medidas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles, el impulso a actuaciones para la promoción del teletrabajo sin que suponga sobre extensión de la jornada laboral; facilitar servicios e instalaciones que permitan conciliar la vida personal y laboral, fomentar entre los criterios de valoración en las subvenciones la adopción de medidas de igualdad de oportunidades, además de realizar un reconocimiento público a empresas y entidades con actitud proactiva en igualdad y conciliación.
En lo relativo a las medidas orientadas al sector público enfocadas a la eliminación de la brecha salarial de género destacan actuaciones como la implementación de acciones de transparencia respecto al personal y sus retribuciones en las administraciones públicas, sus entidades y las empresas públicas vinculadas a ellas; la inclusión por parte de la Junta de cláusulas sociales en sus relaciones con otras administraciones y entidades privadas que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha salarial; la mejora de la estadística regional con la introducción en los análisis estadísticos que inciden en aquellas situaciones que generan la brecha salarial de género; el desarrollo de programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Además, la Junta en colaboración con los agentes sociales y económicos, promoverá que las empresas lleven a cabo acciones dirigidas a eliminar la brecha salarial de género. Entre ellas destacan realizar en la clasificación profesional una valoración de los puestos de trabajo que conlleve a la igualdad entre mujeres y hombres; impulsar acciones de trasparencia y buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género; establecer sistemas de acceso y promoción transparentes y no discriminatorios; impulsar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección.
Además, se implementarán medidas orientadas a promover la participación de las mujeres en los procesos de promoción profesional; a impulsar también medidas que favorezcan a las personas trabajadoras en la conciliación con sus hijos e hijas, especialmente en aquellos empleados de trabajo por turnos u otros supuestos, o a promover en la negociación colectiva sectorial la implantación de medidas de estas características incluso en aquellas empresas que por su número de trabajadores no tengan obligación de negociar esta materia. Además, la Administración de la Comunidad impulsará, en coordinación con la Administración General del Estado, que se lleve a cabo la supervisión e inspección dirigida a verificar el cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad y eliminación de la brecha salarial.
Órganos de participación
Por último, y con el objetivo de garantizar la participación y asesoramiento del desarrollo de la ley, se crea un órgano colegiado compuesto por administraciones públicas y las entidades más representativas que conforman en Diálogo Social de Castilla y León.
Castilla y León Económica
