Es de todos conocido que las crisis, además de los efectos perversos que produce, presenta en numerosas ocasiones oportunidades que se pueden plasmar en la aparición de nuevos negocios o en la mejora de hábitos o procesos. Como España está viviendo la que probablemente será recordada como la crisis más grande de la historia gracias al empeño que se está poniendo en que ésta no concluya, nos está permitiendo escuchar gran variedad de opiniones, estrategias e incluso estamos asistiendo a la aparición de nuevos elementos a los que podríamos calificar como los PIF (Personajes de Ideas Felices), que están inundando el panorama socio-político y cultural, así como el económico, y que sin lugar a dudas llenarán páginas y páginas de libros en épocas venideras.
Hace un par de meses, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concedió al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) un mes de plazo para cumplir la sentencia firme que le condenaba al pago de la cantidad que adeudaba a una empresa constructora por la edificación de la casa consistorial y varios viales, bajo pena incluso de “imposición de multas coercitivas” en los “patrimonios personales” del propio alcalde y del secretario general de la Administración local en caso de incumplimiento.
Tirón electoral
El objetivo de la Administración Pública, y el motivo por el que pagamos nuestros impuestos, es el de recibir unos servicios públicos que permitan llevar una vida digna a los ciudadanos. No obstante, como la recogida de basuras no tiene tirón electoral, muchos pretenden realizar actos que les confieran la dignidad que ostentaban los emperadores romanos y así asegurarse una mayor permanencia en el trono, y a ser posible con mucho tronío, pero a costa de los ciudadanos, ¡por supuesto!
Si leemos la Constitución Española, Norma Básica que sirvió para cohesionar este país, pero que parece que sigue siendo la gran olvidada de muchos, España es un Estado aconfesional por lo que sin pretender entrar en cuestiones religiosas, no necesita de mesías. Los que todavía profesamos alguna religión, no necesitamos ídolos de barro y evidentemente los que son agnósticos mucho menos. Por tanto, es preciso que estas ansias de idolatría sean frenadas desde la Justicia, ya que siempre les queda a estos mesías la posibilidad de utilizar sus propios recursos para estos fines, consiguiendo con ello ser verdaderos filántropos y no pésimos gestores públicos.
Silencio administrativo
Ahora bien, se debería dar un paso más y hacer lo propio con aquéllos que pretenden, con la utilización del silencio administrativo, frenar la acción de los ciudadanos contra la Administración reclamando cuestiones a las que tienen derecho por mandato del legislador, pero que con posterioridad vemos como son privados de ese derecho por la propia utilización de la norma.
Pero, ahora pensemos… Al alcalde de Madrid se le ha denegado la posibilidad de refinanciar el 80% de la deuda que tiene el consistorio, por lo que si llegado el momento no se produce el pago, ¿se le aplicará la misma sentencia que se ha utilizado para su homólogo de Castilleja del Guzmán? ¿O se hará una excepción bajo el paraguas constitucional? ¿Se debería hacer esto en todos los municipios o se debería permitir el endeudamiento al nivel que se quiera? ¿Una sentencia como la que nos ocupa provocaría una subida de impuestos municipales? O bien ¿esta sentencia hará que el Tribunal de Cuentas, que debe comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía, realice un mayor y exhaustivo control del gasto presupuestario?
Los gobernantes todavía no se han dado cuenta de que se acabó la fiesta. En los días de bonanza, sobredimensionaron las estructuras de las administraciones públicas de tal forma que hoy en día, con una caída de los ingresos, son incapaces de cuadrar las cuentas porque los gastos fijos (sueldos, edificios públicos sin apenas uso, facturas de agua y luz) se comen los ingresos. Y claro, ellos tienen menos margen para hacer recortes porque no quieren dañar su imagen pública. En el número de octubre de la revista Castilla y León Económica, el economista Ricardo Nieto Sampayo publicó un interesante artículo de opinión, que refuerza el contenido de este blog: ¿por qué, al igual que el administrador de una empresa, los gestores de los fondos públicos no responden con su patrimonio personal en caso de una mala gestión?