27,73 millones de euros es el montante destinado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en 2011 al pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación social para los ciudadanos de Castilla y León en riesgo de exclusión social que se puso en marcha a principios de este año y del que se han beneficiado un total de 6.426 personas, el 41,5 por ciento de las solicitudes resueltas (15.483).
El 58,5% restante, o lo que es lo mismo 9.057 solicitudes, fue denegado. Los motivos para no aprobarse fueron, en el 53% de los casos, por incumplir requisitos como no ser demandantes de empleo, exceder el umbral exigido de patrimonio o contar con ingresos ingresos; mientras que el 26% desistió y el 21% no fue localizado.
Sobre esta nueva prestación pidieron información 82.523 castellanos y leoneses a lo largo de ejercicio. La Junta destinó 730.000 euros más de lo previsto inicialmente al pago de la RGC.
Perfil del perceptor
Según los datos de la Consejería de Familia, el perfil del perceptor corresponde a una mujer que vive en el medio urbano de entre de 25 y 45 años con cargas familiares, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española, aunque se ha detectado un aumento de los perceptores del medio rural.
La cuantía de esta prestación es el 80 por ciento del IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples), fijado en 2011 en 426 euros, cuando la unidad familiar tan sólo está formada por una persona. Esta cifra puede verse incrementada hasta el 130 por ciento del IPREM (692 euros) en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia; un tope al que llegan los hogares compuestos por cinco o más miembros.
Castilla y León Económica/ Europa Press
