Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria de la Junta, compareció este martes en la sede de las Cortes de Castilla y León para detallar las iniciativas llevadas a cabo por su Departamento con motivo de la crisis originada por el COVID-19. Allí explicó que toda la acción ejecutiva de la consejería se ha orientado en las últimas semanas hacia un objetivo común: la protección de los puestos de trabajo.
La gestión realizada desde la declaración del estado de alarma en España se sustenta en 3 hitos. El primero consiste en la activación de un sólido paquete medidas extraordinarias y urgentes para apoyar a empresas, autónomos y trabajadores, que contó con el respaldo económico y social, a través del Diálogo Social, y político, puesto que recibió el aval de todos los grupos parlamentarios de la comunidad autónoma.
El segundo es la articulación de un procedimiento ágil y eficaz para la resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) presentados ante la autoridad laboral autonómica, que eleva al 98% el porcentaje de los ya tramitados, aportando seguridad al tejido productivo y certidumbre a sus plantillas.
En tercer y último lugar, cabe destacar el esfuerzo realizado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), tanto para intensificar sus funciones de intermediación, con el reto de ofrecer al mercado laboral los profesionales que se están demandando en medio de la crisis; como para adaptar con rapidez sus métodos de gestión a las excepcionales circunstancias y con ello simplificar y ahorrar trámites a los ciudadanos en pleno confinamiento.
Acuerdo
El consejero destacó la pronta respuesta dada por esta comunidad autónoma a la emergencia económica derivada de la pandemia, incluso cuando aún resultaba difícil pronosticar su envergadura; y el elevado volumen de recursos movilizado para atenderla, con más de 450 millones de euros en apenas 2 meses.
Barrios relató que la primera reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social convocada para analizar cómo mitigar el impacto del COVID-19 sobre el tejido productivo y social tuvo lugar el 16 de marzo, es decir, tan sólo 48 horas después de la aprobación del estado de alarma. Y en menos de 10 días, el 25 de ese mismo mes, la negociación liderada por la Consejería de Empleo e Industria para articular iniciativas en esa dirección fructificó en un gran pacto firmado entre Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y los líderes de Cecale, CC OO y UGT.
El acuerdo recogía una amplia batería de medidas, con un impacto superior a 220 millones de euros, entre las que cabe citar las ayudas a pymes, autónomos y trabajadores y los apoyos financieros a las empresas para preservar su actividad.
Buena parte de estas iniciativas se activaron de forma inmediata, como los programas de préstamos avalados de la Lanzadera Financiera o la moratoria en el pago de tributos autonómicos; mientras que las subvenciones se consolidaron en un decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de abril y convalidado por las Cortes el día 24 de aquel mes, con el voto favorable de los 81 procuradores.
En este sentido, el consejero de Empleo e Industria subrayó la voluntad del Ejecutivo autonómico de ampliar el pacto alcanzado en el Diálogo Social al ámbito político. Este hecho y la oportunidad de imprimir mayor agilidad en la resolución de las convocatorias de ayudas han justificado el uso del decreto ley como herramienta regulatoria.
Subvenciones directas
La normativa con rango de ley recoge 18 líneas de subvenciones directas, con una dotación global de casi 116 millones de euros, orientadas a apoyar la actividad y el empleo del conjunto del tejido empresarial autonómico, en general, y de sectores singulares como el comercio, la agricultura, el turismo y la cultura, en particular.
En el listado de las 13 que diseñó la Consejería de Empleo e Industria figuran la compensación económica para los trabajadores afectados por un ERTE, fijada en 7 euros por día; 3 líneas de incentivos a las empresas que incorporen personal a sus plantillas, con hasta 10.000 euros por contrato; apoyo a los Centros Especiales de Empleo para sostener su ocupación, y el PIE (Programa Personal de Integración y Empleo) de 430 euros al mes para trabajadores que ya no tienen ninguna cobertura.
Asimismo, las empresas con centro de trabajo en la región pueden acceder a una ayuda de hasta 2.000 euros para financiar medidas tendentes a garantizar la máxima seguridad y salud de sus plantillas, como la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs) o la desinfección de sus instalaciones.
Seguridad en los comercios
En el ámbito del comercio, los establecimientos pueden solicitar ayudas para financiar la implantación de plataformas de venta online y soluciones de digitalización o de sistemas de teletrabajo. Además, tras las condiciones de desescalada para el sector que ha marcado el Gobierno central, la Consejería de Empleo e Industria ha decidido ampliar el abanico de acciones financiables a la realización de obras que permitan a las tiendas cumplir las medidas de seguridad establecidas para atender a los consumidores. Adicionalmente, se potenciará el comercio de proximidad con el apoyo a las asociaciones sectoriales.
Por último, el decreto ley incorpora un paquete de 5 líneas de subvenciones específicamente dirigidas a los autónomos: para la extensión de la tarifa plana durante 6 meses; para facilitar la reincorporación a la actividad, mediante el pago del 40% de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre la base mínima por 3 meses; para emprender un nuevo proyecto, cuyo importe podrá alcanzar hasta los 10.000 euros; y para garantizar su protección cuando no tienen ninguna cobertura. A ello hay que añadir las ayudas de la Consejería de Economía y Hacienda para apoyarles con los gastos de los préstamos formalizados para continuar adelante.
Gestión de los ERTEs
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha dado lugar a una nueva y prolija regulación en materia laboral, donde cobra especial relevancia la figura de los ERTEs por causa de fuerza mayor, cuya tramitación recae casi íntegramente en las comunidades autónomas.
Desde la declaración del estado de alarma hasta el pasado viernes 1 de mayo, la Dirección General de Trabajo de la Consejería y las 9 Oficinas Territoriales de Trabajo recibieron 33.002 ERTEs, que afectan potencialmente a 184.763 trabajadores de la Castilla y León. Pese al volumen de expedientes registrados, 4 veces más que la suma de los acumulados desde 2008, y a los sucesivos cambios normativos dictados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el origen de esta crisis, la Junta ha tramitado ya el 97,7% (32.245 en cifras absolutas).
El consejero resaltó este buen dato para avalar la eficiencia del procedimiento interno habilitado para garantizar una gestión ágil y segura de estas regulaciones. A este respecto, subrayó que casi la totalidad de los expedientes enviados al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha ido acompañado de una resolución expresa de la autoridad laboral autonómica, evitando así el silencio administrativo que puede generar inseguridad jurídica a las empresas.
Al hilo de lo anterior, Barrios recordó que la Consejería arbitró la posibilidad de que las compañías pudieran presentar recurso de alzada ante la Junta en caso de disconformidad con la resolución dictada, una opción a la que sólo han recurrido 158 interesados. Esta reducida conflictividad también confirma que el sistema de gestión ha funcionado correctamente.
Ecyl
Otra de las áreas de la Consejería de Empleo e Industria que ha tenido una intensa actividad estas semanas ha sido el Servicio Público de Empleo. Este organismo ha modificado en tiempo récord su catálogo de trámites y procedimientos para adaptarse a la coyuntura y, sobre todo, para facilitar un mejor servicio a sus usuarios.
Así, el ha renovado demandas de oficio; ha abierto un nuevo canal en la oficina virtual para facilitar nuevas inscripciones sólo con un PIN; ha validado documentación remitida por aplicaciones móviles de mensajería instantánea, haciendo accesible sus servicios a usuarios no familiarizados con el uso de Internet; y ha reforzado sus sistemas de información a través de boletines especiales, guías de ayudas y otros contenidos en redes sociales.
Junto a esto, hay que destacar la labor del Departamento de Intermediación Laboral, que desde la declaración del estado de alarma ha centrado sus esfuerzos en tramitar por medios telemáticos y también telefónicos todas las ofertas de empleo relativas a servicios directamente relacionados con la crisis del COVID-19.
En concreto, en el primer mes de estado de alarma, el Ecyl registró 606 ofertas de empleo, contactó con 21.295 demandantes y remitió 3.409 candidatos a empresas que reclamaban personal, especialmente relacionado con las áreas sanitaria y social. La cifra de contratos notificada al Servicio Público de Empleo asciende a 576.
Para finalizar, Barrios se refirió al sistema de Formación Profesional para el Empleo, inicialmente programado en un formato presencial, que ya se está revisando como consecuencia de la pandemia; e indicó que el Ecyl trabaja en un modelo alternativo, basado en un aula virtual, que facilite la ejecución de cursos para la recualificación del capital humano, al tiempo que ha subrayado que ahora más que nunca se priorizarán los contenidos vinculados a competencias digitales.
Reparto a domicilio
En el ámbito del comercio, Barrios destacó la buena acogida que ha tenido en el sector, y también entre los consumidores, la puesta en marcha de un directorio digital en el que pueden consultarse los establecimientos de la comunidad autónoma que ofrecen servicio de entrega a domicilio. Se trata de una base de datos, con geolocalización y búsqueda selectiva por localidad o tipo de producto, que ya aglutina 1.617 referencias.
El consejero realizó un reconocimiento a los profesionales dedicados al comercio y reclamó el apoyo al sector por parte de todas las instituciones y de la propia sociedad. En este punto, ratificó su compromiso de elaborar una estrategia de legislatura, que incidirá en retos como la transformación digital, la modernización, la excelencia en el servicio o el comercio sostenible, entre otros.
Desde el punto de vista del consumidor, la Inspección está centrando su labor en la monitorización de precios de determinados productos considerados de primera necesidad durante esta emergencia, y está llevando a cabo una campaña de control de comercio electrónico para detectar posibles prácticas desleales, engañosas, agresivas o abusivas para los usuarios.
Empresas
Barrios también elogió el papel realizado por la industria de Castilla y León, su alta competitividad y su capacidad de resiliencia. En este sentido, resaltó la capacidad de muchas empresas para transformar su actividad productiva y orientarla a la fabricación de equipos de protección.
Así, señaló la relevancia que ha adquirido en esta fase inicial de la crisis la industria agroalimentaria y apostó por apoyar con medidas específicas la estratégica industria del automóvil y sus componentes, a través de una iniciativa que debe liderar el Gobierno de España. Al mismo tiempo, advirtió de la oportunidad que se abre para la región ante el potencial crecimiento que experimentarán en el futuro la industria química y farmacéutica, así como la vinculada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), llamada a liderar el cambio de paradigma que ya estaba experimentando el sector productivo.
Para afrontar estos retos, la Junta ha puesto ya a disposición de las compañías autonómicas más de 112 millones de euros en ayudas para fomentar la digitalización y mejora de la competitividad del tejido empresarial.
Coordinación con el Gobierno
La coordinación interna y, sobre todo externa, con todas las administraciones y, en particular, con el Gobierno central está siendo un principio rector de la acción de la Consejería de Empleo e Industria durante esta crisis. En estas semanas, se han sucedido diversas conferencias sectoriales telemáticas y comunicaciones telefónicas y por carta con responsables de los ministerios con competencias en empleo, industria y comercio, donde se han compartido las preocupaciones sobre las consecuencias del COVID-19 y se han analizado medidas para minimizar su impacto.
El consejero de Empleo e Industria, quien ofreció su colaboración leal al Gobierno, también aprovechó estos foros para plantear reivindicaciones y manifestar su malestar ante algunas de las iniciativas adoptadas. En concreto, lamentó que el Consejo de Ministros haya tomado decisiones sin contar con las comunidades autónomas y reprochó al Ministerio de Trabajo y Economía Social que haya detraído 80 millones de euros asignados a Castilla y León para políticas activa de empleo.
En el apartado de peticiones, la Junta insistió en la necesidad de prorrogar los ERTEs por fuerza mayor más allá de la vigencia del estado de alarma; de abrir esta fórmula de flexibilidad al sector de la construcción y de exonerar de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos que justifiquen pérdidas de más del 50%. También reclamó distintas ventanas de pago en el SEPE para facilitar el cobro de prestaciones a trabajadores inmersos en expedientes de regulación.
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