El objetivo de este informe es analizar cuantitativa y cualitativamente la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública realizada por la Junta de Castilla y León en el año 2019. El análisis de esta información tiene como finalidad conocer el estado de aplicación del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, y detectar factores susceptibles de mejora en esta utilización estratégica de la contratación pública que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y avanzar en la cohesión social.
La información se agrupa en tres apartados: reservas de contratos, proyectos de inserción sociolaboral e incorporación de cláusulas sociales, y se analiza también la situación de los dos colectivos favorecidos por la aplicación del Acuerdo que son las personas con discapacidad y las personas en riesgo o situación de exclusión social.
En cuanto a las personas con discapacidad, en Castilla y León se contabilizan en la actualidad 232 centros especiales de empleo que han dado trabajo a 5.855 personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 3,50% en el número de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo respecto al año anterior. Por su parte, las empresas de inserción en Castilla y León son 17 y dan trabajo a 233 trabajadores de los que 131 son personas en riesgo o situación de exclusión social.
Durante 2019 se han adjudicado, contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, 7.081.599 euros, lo que representa un 14,19% de la contratación adjudicada el ejercicio anterior susceptible de ser reservada. El importe de los contratos adjudicados en el periodo de vigencia de los Acuerdos de directrices vinculantes (2012 -2019) respecto al importe de la contratación susceptible de ser reservada en ese periodo es del 15,11%, ascendiendo su importe en todo este período a 35,64 millones de euros.
En cuanto a la realización de proyectos de inserción sociolaboral, son actuaciones de fomento de la contratación de personas residentes en Castilla y León en situación o riesgo de exclusión social como son los beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, las víctimas de Violencia de Género y las personas con discapacidad, en todos los casos, residentes en Castilla y León. Durante 2019 se han adjudicado ocho obras que incluyen la realización de un total de 29.350 horas de trabajo por personas en situación o riesgo de exclusión social residentes en Castilla y León.
En cuanto a la aplicación de la incorporación de cláusulas sociales, de toda la contratación ordinaria realizada por el conjunto de las consejerías en 2019, se incorporaron cláusulas sociales en los pliegos de 1.666 contratos cuyo importe asciende a 410 millones de euros. Durante el pasado año, los contratos con cláusulas sociales representan el 59,46% de los contratos ordinarios tramitados, sin incluir contratos menores, que suponen el 56,82% del importe total adjudicado.
Actuaciones destacadas
El buen hacer de la Comunidad de Castilla y León ha sido recogido como ejemplo de buenas prácticas en la guía de la Comisión Europea “Making Socially Responsible Public Procurementen Work: 71 Good Practice Cases (May 2020)”. Esta publicación oficial de la Comisión Europea contiene 71 casos de 27 países diferentes, 5 de los cuales no pertenece a la Unión.
La guía muestra los proyectos de inserción desarrollados por la Junta de Castilla y León como ejemplo de procedimientos de licitación correctos y políticas eficaces para lograr beneficios sociales en la práctica. La Comisión pretende que el caso de las obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria actúe como inspiración tanto de los contratantes como del conjunto de operadores económicos, y su modelo se replique a través de Europa.
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