Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, presidió este jueves la firma de un convenio pionero entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Consejo Regulador de Ribera del Duero que facilitará la tramitación administrativa a los 7.500 viticultores aglutinados por esta denominación de origen. Cada año, cerca de un millar de estos profesionales se enfrentan a problemas burocráticos debido a la disparidad de información entre los distintos registros existentes.
García-Gallardo se mostró muy satisfecho con el acuerdo, que no tiene precedentes en Castilla y León. “Este convenio simplifica trámites burocráticos para hacerle a los viticultores la vida más fácil en su día a día. Queremos que se dediquen menos a hacer papeles y más a seguir haciendo los grandes vinos de calidad que se hacen en Ribera de Duero”, apuntó.
Asimismo, el vicepresidente de la Junta avanzó que este convenio “es sólo un primer paso” en la colaboración con este Consejo Regulador y que la Junta quiere extenderlo a las demás denominaciones de origen asentadas en Castilla y León, que agrupan a otros 11.000 viticultores con problemas similares.
El convenio fue suscrito por Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.
Plataforma de intercambio de datos
Su objetivo principal pasa por crear una plataforma de intercambio de datos telemáticos, que permita resolver los desajustes entre el Registro Vitícola de la Consejería y el de la D.O. Actualmente, las 2.600 actualizaciones que se realizan cada año deben resolverse de forma manual, consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los implicados y con el riesgo de cometer errores de transcripción. Por ello, el vicepresidente de la Junta destacó que el acuerdo, además, “aporta seguridad jurídica”.
Según información de la Consejería de Agricultura, se estima que en torno al 10% de los titulares de explotaciones que figuran en el Registro Vitícola no tiene actualizado alguno de sus datos registrales, lo que equivale a unas 3.000 hectáreas de superficie de viñedo que podrían tener incidencias. La información correcta, sin embargo, existe, y se puede acceder a ella, de modo que el desajuste puede resolverse, como plantea el convenio, con un cauce telemático de intercambio de información.
Los datos que se compartirán –siempre con las limitaciones que establezca la política de protección de datos– tienen que ver con el código de plantación, la provincia y el municipio en el que se sitúa cada explotación; la referencia del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC); la superficie total de la parcela; la superficie plantada; el año de plantación, y la variedad, entre otros datos técnicos.
Compromisos de las partes
El convenio establece el compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de “incorporar a la sección vitícola del registro de explotaciones agrarias de Castilla y León todas las modificaciones efectuadas o advertidas por el Consejo Regulador, de la manera más automatizada posible”. Todo ello con el fin de “cumplir con el objetivo de convergencia y de malla única, sin perjuicio de las comprobaciones o verificaciones que haya de realizar la administración al efecto”.
Por su parte, el Consejo Regulador de Ribera de Duero se compromete a “poner en conocimiento de la Administración cualquier cambio del que sea conocedor, que se produzca en la malla parcelaria vitícola, con el objeto de contribuir a mantener ésta permanentemente actualizada”.
Ambas partes se comprometen también a colaborar la una con la otra en proporcionarse el apoyo técnico que sea necesario para lograr el fin que se busca.
Comisión de simplificación administrativa
García-Gallardo presidió también este jueves la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas administrativas, en la que se presentó el resultado y análisis de las medidas de racionalización solicitadas por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL).
De sus 48 propuestas, 16 cuentan con informes favorables, lo que representa un tercio del total. La práctica totalidad de ellas se dirigen a flexibilizar el régimen de autorizaciones en diversos ámbitos, extendiendo la aplicación de la declaración responsable y a reducir trámites.
“Es otro ejemplo de nuestra apuesta por una administración facilitadora, frente a ese otro modelo que pone palos en las ruedas”, destacó García-Gallardo, quien recordó que avanzar en este camino fue uno de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura: “son sólo unos primeros pasos. Seguiremos avanzando en esta dirección”.
Supresión de autorizaciones administrativas
Entre las reformas aprobadas por la Comisión destacan, por su especial trascendencia, la supresión de autorización ambiental para instalaciones de fabricación de automóviles y de montaje y fabricación de motores para vehículos.
Otras actividades que se beneficiarán de una menor burocracia son: la cinegética (autorizaciones de zonas de adiestramiento de perros, otros medios de caza y aves de cetrería) y la micológica (autorizaciones para la recolección de recursos micológicos con fines científicos y didácticos).
También se simplificarán las autorizaciones para instalaciones de almacenamiento y distribución de combustibles, para las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencial nominal inferior a 500 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kW; y para los reglamentos de uso de marcas y pliegos de etiquetado relacionados con productos alimentarios.
En cuanto al resto de las propuestas planteadas por EFCL, en 21 de ellas razones de interés general desaconsejan su adopción, en otras 9 la legislación básica del Estado impide su aceptación, y las 2 restantes son competencia exclusiva del Estado.
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