Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, inauguró este lunes el I Congreso de Economía Social de Castilla y León ‘El valor de las Personas’, organizado por la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl), que integra a gran parte de las asociaciones que representan a los distintos modelos empresariales de la economía social en la región, e impulsado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos.
El congreso, que se enmarca en el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social de la Junta, pretende analizar, durante 2 jornadas, los retos y oportunidades del sector, así como generar nuevas propuestas y ámbitos de colaboración que contribuyan al impulso de estos modelos productivos. Además, con este foro, el Gobierno regional pretende difundir los valores que promueven las entidades de la economía y dar visibilidad a la contribución que realizan en el ámbito de la actividad económica, la creación de empleo y la promoción de la igualdad.
En esa contribución incidió la consejera de Industria, Comercio y Empleo, al subrayar que la economía social es un modelo de economía sostenible y de cohesión social y territorial, que antepone el valor de las personas a otros criterios empresariales y apuesta por la reinversión de beneficios y haciendo del mantenimiento del empleo un ejercicio de responsabilidad social.
Economía social en Castilla y León
Coincidiendo con la celebración del congreso, la Consejería que dirige Leticia García publicó la estadística actualizada de la economía social en Castilla y León. De elaboración propia, viene a suplir el déficit de datos a nivel estatal que, además de tener pendiente el mandato que en esta materia recoge la Ley, ha dejado de publicar datos de cooperativas y sociedades laborales inscritas en la seguridad social.
De acuerdo con esta estadística, en Castilla y León se encuentran registradas 5.068 empresas y entidades de la economía social distribuidas en centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones y sociedades agrarias de transformación.
En 2024, estas entidades facilitaban empleo a un total de 28.922 trabajadores, lo que supone el 3,87% de la afiliación al Régimen General. Si bien, en estos datos no se incluyen aquellas entidades que, operando en Castilla y León, figuran inscritas en los registros nacionales, lo que supone que tanto el volumen de empresas como el de trabajadores vinculados a la economía social en la región es incluso mayor.
García recordó que, además del peso económico, el informe sobre el impacto de la economía social en Castilla y León, elaborado recientemente por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social con el apoyo de la Junta, pone de manifiesto el valor social del empleo creado por estas entidades, con una mayor presencia de trabajadores con discapacidad y trabajadores de más edad, con un menor volumen de contratos parciales, con mejores condiciones laborales para las mujeres y menor brecha salarial, con mayor presencia femenina en puestos directivos y con presencia mayoritaria en medianos y pequeños municipios.
Más y nuevas ayudas
En paralelo, la Junta ha reforzado su apoyo a la labor que vienen realizando las entidades de la economía social, al incrementar las ayudas para apoyar sus inversiones, su modernización y la generación de empleo. En este sentido, desde el inicio de la legislatura, la dotación presupuestaria para el impulso y el fortalecimiento del sector se ha incrementado en casi un 49%.
Esta tendencia se ha reforzado en los últimos meses y, así, durante el presente ejercicio la inversión de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el ámbito de la economía social alcanzará los 38 millones de euros. Además, recientemente, se han modificado las líneas de ayuda preexistentes para mejorar sus condiciones y se han diseñado y convocado tres nuevas líneas destinadas a fomentar el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, con el fin de financiar las inversiones en empresas de inserción y favorecer la divulgación de la economía social por sus entidades asociativas.
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