El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) la celebración del contrato para finalizar las obras de urbanización de la Fase I del Parque Tecnológico de Burgos, con una extensión de 130 hectáreas, y sus infraestructuras asociadas en la localidad de Cardeñajimeno, por valor de 23,07 millones de euros.
Cuando concluya la actuación se pondrán a la venta las parcelas para la futura instalación de empresas. La inversión total para el desarrollo de la primera fase asciende a 63 millones de euros.
Proyecto aprobado el 27 de enero
El proyecto definitivo, que fue aprobado el pasado 27 de enero, incorpora las últimas consideraciones relacionadas con los accesos trasladadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en diciembre de 2021.
Con la aprobación de este proyecto, que abarca una extensión de suelo de 129,79 hectáreas, se podrán ejecutar las obras necesarias para finalizar la Fase I del Parque Tecnológico de Burgos, que contempla una inversión total de 63,05 millones de euros, para posteriormente poner en valor las parcelas para su venta con destino a la instalación de empresas innovadoras.
Así, a partir de este momento se inicia el procedimiento de licitación de la obra para su adjudicación y ejecución, que tiene un plazo establecido de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. Entre las actuaciones previstas se encuentran los accesos al parque tecnológico, así como la red de saneamiento y el abastecimiento eléctrico del polígono.
Desarrollo en 2 fases
En mayo de 2017 se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos, que contemplaba la división de las actuaciones en 2 fases de ejecución.
Posteriormente, el 31 de octubre de 2018, la presidencia del ICE resolvió el contrato de obras de la urbanización de dicho parque a la empresa concesionaria, declarada en concurso de acreedores el 12 de julio de 2017.
En 2019 se reiniciaron las obras por medio de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, que no pudo continuar con la ejecución al presentarse una reclamación que fue estimada por el Tribunal de Recursos Contractuales.
Tras la adaptación del proyecto a las consideraciones señaladas por el Ministerio y a nuevas exigencias urbanísticas y ambientales, el proyecto de urbanización se ejecutará con el contrato que ahora se autoriza.
Asimismo, como parte del ciclo del agua, en lo que se refiere a la depuración de las aguas residuales generadas, la Junta tramitó el pasado mes de octubre una aportación dineraria a Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León para la ejecución de una estación de depuración de aguas residuales por un importe de 2,5 millones de euros.
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