Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha inaugurado la ceremonia de entrega de la XV edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social de la Junta, donde ha destacado los 418 millones de euros que destina el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027 a la atención en la etapa adulta y al empleo de este colectivo, ligados a un sector que genera riqueza sin renunciar a los valores de igualdad, sostenibilidad o justicia social.
Estos galardones pretenden reconocer aquellas actuaciones empresariales y personales que destaquen en el ámbito del cooperativismo y la economía social por su trayectoria, el esfuerzo inversor, la creación y consolidación del empleo, su contribución al desarrollo local y a la igualdad de oportunidades o la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
4 categorías
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha inaugurado el acto, celebrado este lunes en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se ha hecho entrega de los galardones en 4 categorías: mejor empresa cooperativa a Porsiete; mejor iniciativa cooperativa a Bodegas la Milagrosa; mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social al el Centro Especial de Empleo Ensuma, de la Fundación Intras; y finalmente en la categoría de contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social, a Jesús Mazariegos, quien fuera director gerente de Plena Inclusión Castilla y León y director general de Fundación Personas.
Generación de riqueza con valores
Durante su intervención, Blanco ha expresado que las entidades de la economía social de Castilla y León demuestran “que es posible generar riqueza sin renunciar a valores como la igualdad, la sostenibilidad o la justicia social”, y ha destacado que estas fórmulas empresariales son “exitosas” en sectores muy distintos, como el agroalimentario, los servicios sociales -con mención especial a la integración de colectivos vulnerables- o la educación. De hecho, en la región hay 257 centros especiales de empleo con 368 centros de trabajo y 19 empresas de inserción, que emplean a más de 6.300 personas con discapacidad y a otras 211 de otros colectivos. A ellos hay que sumar 2.202 cooperativas y 1.395 sociedades laborales.
La vicepresidenta ha señalado el “gran” papel de estas entidades, tanto “en la cohesión territorial de Castilla y León y su arraigo en los municipios -el 62,7% de estas empresas se ubican en el medio rural y poblaciones intermedias, así como el 60 % de sus trabajadores-, como en la cohesión social, con unas cuotas de integración mucho más elevadas en todos los ámbitos: más de un 15% de sus trabajadores tienen discapacidad, hay un 12% más de mujeres en puestos directivos, la brecha salarial entre sexos es un 10% inferior al resto de formas jurídicas empresariales y el empleo es más estable”.
Plan estratégico discapacidad
Durante su intervención, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que el plan estratégico específico para las personas con discapacidad para el periodo 2024-2027, impulsado por su departamento y recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, destina buena parte de su presupuesto, 418 millones de euros, al área de atención en la etapa adulta, en la que se incluyen los itinerarios sociolaborales dirigidos a la integración de este colectivo en el mercado de trabajo.
Las partidas específicas para esto se han incrementado un 80%, lo que supone una apuesta importante por el fomento de la igualdad de oportunidades a través de la integración laboral. Estos planes de empleo van de la mano con el desarrollo del proyecto de vida de estas personas puesto que, además de las acciones de acompañamiento para el acceso al mercado de trabajo y el mantenimiento del empleo, también fomenta que las personas con discapacidad puedan acceder a alojarse en viviendas y vivir en comunidad. Este incremento de la cuantía destinada a la inserción laboral implicará el aumento de un 30% de los participantes en los programas y se estima que unas 11.500 personas obtengan un puesto de trabajo, 2.600 más que en el anterior plan.
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