En la China de la Dinastía Ming, cuando el pueblo se sentía infeliz y atemorizado por la mala gestión del gobierno, las hambrunas o las plagas, afirmaba que “el cielo se venía abajo”. Un sentimiento parecido acabamos de experimentar con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, que paulatinamente se ha ido mitigando por los efectos beneficiosos de las campañas de vacunación y por la esperanza de una rápida recuperación.
Pero el pesimismo impera otra vez debido a la aparición de nuevas variantes del Covid-19, que nos devuelve a escenarios que parecían ya superados, y por la pérdida de confianza en el vigor del despegue económico, como nos recordó recientemente Bruselas al apuntar que el crecimiento español será muy inferior a lo previsto hace tan sólo meses y de liderar la recuperación en la Zona Euro pasamos al furgón de cola. Esta previsión a la baja de la Comisión Europea se suma a las realizadas por otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España.
Causas del enfriamiento de nuestra economía
Varias son las causas para el enfriamiento de nuestra economía (inflación, costes energéticos, problemas logísticos, baja competitividad impositiva), pero en estos momentos lo que me parece más grave es la pérdida de esperanza en los efectos positivos de los futuros fondos Next Generation EU por una mala gestión de los mismos.
En las últimas conversaciones sobre estos fondos mantenidas con prestigiosos empresarios y responsables políticos de Castilla y León se percibe cierto alarmismo ya que en el diseño de los proyectos apenas se tiene en cuenta a las comunidades autónomas, que son quienes conocen mejor el terreno; empieza a haber discriminación territorial en la distribución de esos fondos con el fin de comprar voluntades para apoyos políticos; algunas inicitivas revelan una inspiración más ideológica que económica; existen serias dudas sobre la capacidad de la maquinaria burocrática para gestionar con eficacia esas partidas de Bruselas; el adelanto electoral puede congelar esos proyectos durante varios meses; y se corre el riesgo de que las ayudas asignadas se malgasten a última hora en medidas peregrinas, como ocurrió con el nefasto Plan E.
Esa percepción es generalizada como refleja el último Sondeo Empresarial publicado por nuestra revista, donde el 83% de los encuestados considera que el Gobierno de la Nación no repartirá los fondos Next Generation EU de forma eficiente y con transparencia (en el caso de la Junta, la desconfianza se reduce a casi el 62%) y hasta el 57% cree que las pymes no se beneficiarán de esas partidas.
5.000 millones para Castilla y León
En los próximos meses nuestra comunidad autónoma se juega mucho, más bien muchísimo, pues aspira a recibir al menos 5.000 millones de euros del citado programa comunitario, es decir, cerca del 6% de los 84.000 millones que España podría recibir en subvenciones. Esa elevada cantidad ya tendría donde destinarse pues la Junta elaboró, con la colaboración público-privada, el documento Iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León con más de 450 proyectos por importe de 6.845 millones.
Ante este Plan Marshall comunitario, el Gobierno de Castilla y León que salga de las urnas el 13 de febrero debe afrontar los retos de mantener un papel reivindicativo para evitar que esos fondos se destinen a otros territorios por enjuagues políticos (una cosa es la lealtad institucional de la que se presume en esta tierra y otra quedar como panolis), preparar la maquinaria burocrática para gestionar con rapidez y eficacia esos fondos e intensificar la colaboración con el sector privado para que ese dinero se destine a proyectos que modernicen nuestro sistema productivo, en vez de desviarse a gastos estructurales improductivos de las administraciones. Sólo así evitaremos que el cielo se nos desplome, para siempre, encima.
