El sector agroalimentario “tiene poco peso en la economía de Castilla y León, pese a la enorme extensión que ocupa”, afirmó este jueves Juan Carlos De Margarida, director de ECOVAEstudios, en la presentación de los últimos resultados el Observatorio de esta rama de actividad, que reflejan como sus principales amenazas la inflación y el desabastecimiento.
En esta línea, añadió que es un sector “muy familiar, lo que reduce el tamaño de las explotaciones, así como su poder negociador”. En este sentido, alertó también de la existencia de “un problema para vertebrar el territorio y fijar población, unido a la falta de relevo poblacional”, al tiempo que advirtió que: “por cada joven agricultor menor de 40 años, en Castilla y León hay 5 mayores de 65 años, en España 4 y en la Unión Europea 3”.
Por todo ello, el Observatorio ha puesto de manifiesto “la necesidad de unas relaciones estables entre el sector productor, el industrial transformador y toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria. Todo ello para conseguir un aumento del poder negociador en la cadena alimentaria, así como una mayor dimensión y concentración empresarial dada la excesiva existencia de microempresas”.
Plan de contingencia de la UE
De Margarida también mencionó las posibles líneas de acción que se deben poner en marcha desde las instituciones, aseverando que se necesita “un plan de contingencia de la UE que asegure la producción y la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos; siendo urgente que desde Europa se habiliten alternativas de nuevos mercados para la entrada de cereales de otros países, lo que tendrá unos costes añadidos, pero garantizaría el suministro para nuestros productores, así como para el sector industrial y las familias”.
Por ello, el mensaje que se lanza desde ECOVAEstudios es claro: “La UE debe actuar con celeridad para asegurar la producción y eliminar el desabastecimiento alimentario en Europa, que unido a una desproporcionada carestía de vida, a causa de una inflación desbocada, hacen que sean la antesala para que se produzca una bomba de relojería que provoque una inestabilidad social y económica de enormes consecuencias”. La pandemia y la guerra en Ucrania ponen al descubierto los riesgos del abandono de productos básicos, como son los alimentos, confiando su producción a países capaces de suministrarlos a bajo precio.
Como conclusión, De Margarida reflexionó sobre qué sector agroalimentario “queremos; haciendo frente, de forma sensata y coherente, a los desafíos que se plantean en este año y en 2023”. De hecho, las variables analizadas por el Observatorio han advertido cuáles son los desafíos más urgentes a los que tomar consideración: “el mayor impacto de la guerra sobre materias primas, la rotura de las cadenas de suministros continuadas, el desabastecimiento, los cambios sin retorno en hábitos de los consumidores que se fijan en precios y promociones, la contracción de la demanda, la disminución de la confianza de los consumidores o el incremento desordenado de la inflación, pudiendo llegar a originar una estanflación, entre otros”.
Diálogo social
“Para lograr todo ello y conseguir que los impactos sean mínimos, el sentido común debe ser la base de la gestión, tanto pública como privada, donde la predisposición de los distintos actores intervinientes en el diálogo social logren estabilizar el presente del ciudadano, garantizando un futuro de calidad de vida digna y estable”, aconsejó el director de ECOVAEstudios.
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