Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, reconoció que 2012 no va a ser un buen año para las inversiones en Castilla y León y cifró en un 8% la disminución media del gasto de las consejerías que forman parte del Gobierno regional, cuya prioridad para este ejercicio serán las políticas sociales.
De este modo se pronunció el jefe del Ejecutivo autonómico en respuesta a Óscar López, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, quien en la sesión plenaria de este martes se interesó por las previsiones de la Junta en relación al Plan de Convergencia Interior para 2012.
Herrera aseguró que no está en la intención del equipo de Gobierno renunciar a un plan “tan importante” para la comunidad autónoma pero insistió en que el objetivo en estos momentos de dificultades es “centrar todos los esfuerzos en el mantenimiento de los servicios públicos”.
Políticas activas de empleo
Por su parte, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, confirmó que los Presupuestos de Castilla y León para 2012 contarán con una partida adicional para desarrollar las políticas activas de empleo, al tiempo que aseguró que la Junta cumplirá con sus competencias y con los acuerdos suscritos con los agentes sociales en esta materia.
En respuesta a la pregunta formulada por Julio López, portavoz de Economía del Grupo Socialista, sobre cómo pretende compensar la Junta el recorte de 1.500 millones de euros en la consignación del Estado para las políticas activas de empleo, Villanueva incidió en el hecho de que Castilla y León es “de las pocas” regiones que destinan fondos adicionales a esta partida.
Recortes en Educación
Durante la misma sesión plenaria Juan José Mateos, consejero de Educación, cifró en más de 7,5 millones de euros la previsión de ahorro para este año por las medidas de ajuste para la educación no universitaria en la región, que equivaldrán a entre 400 y 600 profesores interinos y cuyos efectos “se minimizarán con el establecimiento de modelos organizativos adecuados”. “Me parecen muchísimo y me producen dolor”, reconoció Mateos, quien, no obstante, rechazó los datos de la oposición sobre miles de puestos de trabajo perdidos en su área.
Esta es la principal conclusión de la comparecencia a petición propia del consejero de Educación en las Cortes, donde se comprometió a mantener el ratio de alumnos por aula (25 para Primaria y 30 para Secundaria) desde la premisa de que se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de estudiantes en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas del alumnado de incorporación tardía.
Mateos precisó también la ampliación de la jornada lectiva del personal docente con 25 horas lectivas semanales para maestros y 20 horas en el resto de enseñanzas, lo que establece un incremento de la carga horaria que se tendrá que destinar a la mejora de la calidad y de los resultados académicos, “lo que redundará en una mejor atención al alumnado de la ESO”.
Para ello, se ampliará en una hora de tutoría al profesor tutor mientras que al no tutor se le implantará como hora lectiva la primera hora de guardia. Según el consejero, el resto del horario lectivo se podrá utilizar según la planificación del propio centro docente en el programa de éxito educativo, en desdobles y refuerzos planificados o en el refuerzo para disminuir el fracaso en el Bachillerato o la coordinación de proyectos de formación en el centro, entre otras.
Mateos no negó que la ampliación de jornada vaya a repercutir en el profesorado interino, por lo que apostó por alcanzar acuerdos con los agentes sociales para aminorar su incidencia.
En cuanto a las enseñanzas universitarias, el consejero propuso un aumento de matrículas que se sitúe en la mitad del intervalo fijado por el Ministerio (entre un 15% y un 25%) por lo que cifró la subida para un curso de 60 créditos entre los 200 y los 400 euros. Sin embargo, aseguró que el aumento de tasas irá acompañado por ayudas o “fondo de solidaridad” para las familias que lo necesiten desde el convencimiento de que “la posibilidad de realizar estudios universitarios es un derecho que no va a limitarse” ya que se trata del “principio de igualdad de oportunidades”.
Europa Press / Castilla y León Económica
