Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, confirmó este miércoles que habrá “más bajadas de impuestos” en la presente Legislatura, en la que se impulsarán “nuevas medidas” por parte de la Junta, una vez demostrado que “sabe compatibilizar bajos impuestos con mejores servicios públicos, con un menor endeudamiento y con una menor tasa de paro que la media española“.
Así lo aseguró en la defensa del Proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en la Comunidad de Castilla y León, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 15 de septiembre, que pasa este miércoles su último trámite parlamentario y contempla una bajada del IRPF “para todos los contribuyentes de Castilla y León”.
Primer tramo de la escala autonómica
La norma plantea una reducción en el primer tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general con “efectos retroactivos y favorables desde el 1 de enero de 2022” y con vigencia para todo este período impositivo y años sucesivos.
Según explicó Fernández Carriedo, el segundo objetivo específico de la Ley es “seguir ampliando una fiscalidad favorable y diferenciada para el medio rural”, un aspecto que se concreta en deducciones incrementadas para impulsar la natalidad; apoyos específicos al emprendimiento, con la finalidad de atraer y mantener negocios y empresas; tipos reducidos y bonificaciones en favor del relevo intergeneracional y la continuidad de la actividad agraria “y un respaldo a motores de desarrollo económico en las zonas rurales, como son la caza y la pesca”.
El consejero añadió que esta Ley busca “suavizar la complicada situación económica” por la que atraviesan “determinados sectores y colectivos”, para lo que se bonifican “ciertas tasas” en sectores especialmente afectados por las subidas del precio de la energía y se exencionan otras tasas relacionadas con la inserción en el mercado laboral, como medida de apoyo a los trabajadores.
“Todo ello en un contexto de congelación, un año más desde 2014, del importe de las tasas, asumiendo la comunidad autónoma el coste de la inflación”, comentó el titular de la cartera de Economía y Hacienda.
7 nuevas bajadas de impuestos
Fernández Carriedo precisó que este Proyecto de Ley de rebajas tributarias, junto con la Ley de Medidas que acompaña al presupuesto para 2023 también en tramitación, impulsa “7 nuevas bajadas de impuestos” junto a la supresión y bonificación de determinadas tasas.
A modo de ejemplo, explicó que para apoyar a todos los contribuyentes del IRPF, se rebaja el tipo mínimo de la tarifa autonómica en un 5,3%, lo que situará a Castilla y León “como la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo de toda España”; y añadió que para impulsar la natalidad, especialmente en el medio rural, se incrementará hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción.
Despoblación y empleo
Y como medida para combatir la despoblación, reiteró que se incrementan las cuantías deducibles por nacimiento o adopción, ya aplicables en medio urbano, cuando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes, lo que elevará las deducciones hasta 1.420 euros por el nacimiento del primer hijo, 2.070 euros por el segundo y 3.300 por el tercero y siguientes.
Por su parte, para apoyar el empleo y el emprendimiento se aplicará un tipo reducido 4 veces menor que el tipo general (2% frente al 8%) en el Impuesto sobre Transmisiones, aplicable a la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural, cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo. De esta manera, detalló que un emprendedor que adquiera un inmueble para su negocio en medio rural por 150.000 euros, se ahorrará 9.000 euros.
En el caso de las medidas para reforzar la actividad agraria y la incorporación de jóvenes al campo, se reduce a la mitad la tributación (4% frente al 8% general) en la transmisión de explotaciones agrarias para agricultores profesionales.
Finalmente, recordó que para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primera vivienda habitual en el mundo rural se incrementa un 10% el valor máximo de las viviendas que pueden tener derecho a deducción -pasa de 135.000 a 150.000 euros-, y un 10% la base máxima de deducción hasta los 10.000 euros “para contrarrestar el incremento de los precios y la subida de los tipos de interés”.
Castilla y León Económica / Europa Press
