Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional compatible con el mercado interior. Estos recursos, presentados de manera individual, se deben a que en opinión de las eléctricas la decisión de aprobar el Real Decreto “no es compatible con el derecho comunitario”.
Este recurso se une a los que presentaron las tres grandes eléctricas el pasado 7 de octubre ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Gobierno y, al igual que entonces, supone la solicitud de medidas cautelares contra la decisión de la UE.
En el caso concreto de Iberdrola, fuentes de la eléctrica indicaron que ha presentado sendos escritos ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo en los que demanda la adopción de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la CE hasta que se haya pronunciado sobre la demanda de medidas provisionales, así como el análisis del caso mediante un procedimiento acelerado.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán basa su recurso en Luxemburgo en cinco motivos, entre los que figuran que la medida no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón. Además, considera que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos medioambientales en España.
Real Decreto del Carbón
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.
En concreto, el decreto, pendiente de desarrollo normativo sobre algunos de sus aspectos técnicos, fija un precio por encima del mercado para la quema de carbón autóctono en centrales térmicas, lo que permitirá absorber el excedente de este mineral y resolver los problemas coyunturales de las empresas del sector. No obstante, el sector eléctrico considera que la norma vulnera la ley al desplazar de la generación eléctrica a otras tecnologías, como los ciclos combinados, e insiste en la necesidad de que el Gobierno encuentre una solución para estas fuentes para que la medida deje de ser lesiva.
La norma, entienden las empresas, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón. Por este motivo, el decreto carece, a su juicio, de rango legal suficiente, y contraviene lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, al tiempo que limita de forma expropiatoria el derecho a la propiedad al contemplar la posibilidad de retirar instalaciones del mercado sin compensación.
Las eléctricas también entienden que el decreto, aprobado en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables, distorsiona el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación y dispara los costes del sistema.
Europa Press
