El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este jueves la modificación de la estructura y actividad del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, para adaptarlo a los órganos equivalentes que existen en la UE.
Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, este Tribunal consigue, en primer lugar, eliminar posibles trabas a la libre competencia como forma de “optimizar los mercados a favor de los operadores y de los consumidores y usuarios, favoreciendo una mayor actividad económica”, al tiempo que permite mejorar las relaciones entre los operadores y las de éstos con la Administración regional.
La Junta valora también la labor de asesoramiento desarrollada por el Tribunal de Defensa de la Competencia en favor de las empresas de Castilla y León desde su creación en 2006. “Esta actuación administrativa y política evita la instrucción y tramitación posterior de numerosos expedientes sancionadores y posibilita un marco de certidumbre en la actuación del sector público de la comunidad autónoma”, concluye.
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