El Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo Inem, obligará a desempleados a presentarse en sus oficinas “en los días y horas” que se determinen para controlar posibles casos de fraude en el cobro de las prestaciones, especialmente en los casos en los que el beneficiario recibe la ayuda pero reside en el extranjero, supuesto en el que se contempla la extinción del subsidio.
Esta medida se incluye en el plan integral contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros del pasado viernes, 27 de abril, y aparece detallada en el Programa Nacional de Reformas remitido esta semana a Bruselas.
Este cerco a los perceptores que se marchan al extranjero y siguen cobrando la prestación se complementa con una “innovadora modalidad de control del fraude” que consiste en revisar los registros de salidas y entradas de pasaporte.
Además, el plan incluye sesiones informativas para formar a los desempleados en materia de derechos y obligaciones. En este sentido, el Gobierno prevé potenciar la acción de promotores y orientadores para que los perceptores de prestaciones por desempleo sean “conscientes” de que su percepción “no es un derecho derivado de las cotizaciones realizadas, sino que exige una serie de obligaciones consecuentes con su disponibilidad para trabajar”.
En la misma línea, el documento señala que se utilizará a las agencias privadas de colocación para realizar “actuaciones de activación” de los perceptores de prestaciones de paro, “obligando a las mismas a comunicar al Servicio Público con el que colaboren los incumplimientos que hayan detectado”.
Control del absentismo en el sector público
Asimismo, el Plan Nacional de Reformas avanza que a lo largo de 2012 se pondrá en marcha una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado para atajar la “elevada” tasa de absentismo entre los funcionarios.
En concreto, el documento del Gobierno habla de reformar “las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado”.
Entre las medidas contempladas de antemano, se prevé que el funcionario ya no cobre la totalidad de su salario durante los 3 primeros meses de baja y que se “modulen” estas retribuciones. Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para “reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad”.
Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
Europa Press / Castilla y León Económica
