El Plan de Ajuste diseñado por la Junta de Castilla y León para cumplir el objetivo del déficit incluye medidas de reducción del gasto público por importe de 365,9 millones de euros, entre las que se encuentra la desaparición del 29% de las entidades públicas de la región, es decir, 11 empresas públicas, fundaciones o consorcios, lo que generará un ahorro de 19,2 millones de euros.
En concreto, habrá una reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y Siemcalsa, en los que la Junta no ostenta mayoría accionarial, que concluirá antes de finalizar el año. La reestructuración por extinción, fusión o absorción afectará a las empresas públicas Excal, Sotur y Appacale, y a la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl), la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León, la Fundación Hospital Clínico Veterinario, la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo y la Fundación Anclaje.
Así lo explicó este jueves Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, quien compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acompañada por José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz.
Este proceso se complementará con un conjunto de acciones para limitar o rebajar los gastos de los órganos de dirección y administración de los entes del sector público, que se recogen en el Anteproyecto de Ley de Medidas que acompañará al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012.
Austeridad
El Plan de Ajuste 2012 de la Junta recoge la descripción y el calendario de aplicación de las medidas de restricción del gasto y aumento de ingresos que, a juicio del Ejecutivo autonómico, garantizan el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para el año 2012 (-1,5% del PIB) y siguientes.
Por el lado del ahorro se prevé un amplio catálogo de iniciativas, muchas de ellas ya en vigor, como la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, que se aplica desde el 1 de marzo; así como en la reducción de las consejerías y altos cargos y de los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas, que se remonta al pasado mes de julio; la rebaja de los liberados sindicales en la Administración; la minoración de las sustituciones, y la no complementación de las bajas por enfermedad desde el cuarto mes. Otras decisiones que se materializarán en breve son el desarrollo de los 2 decretos ley recientemente aprobados por el Gobierno central y afectan a las áreas de Sanidad y Educación, que serán debidamente debatidos en el próximo pleno de las Cortes.
En materia de ingresos, el documento contempla medidas como el establecimiento del llamado céntimo sanitario, la creación de 2 impuestos de carácter medioambiental, la limitación de los beneficios fiscales y los descuentos en las tasas y precios públicos a las rentas más bajas, la aplicación de este mismo criterio a las prestaciones de Servicios Sociales, la lucha contra el fraude en los tributos propios y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
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