El peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado subirá una media del 3,2% a partir del próximo 1 de enero de 2012, lo que supone el mayor incremento desde 2009, según informaron fuentes del sector. En concreto, el aumento del precio de las vías de pago del próximo año será superior a la inflación (2,9% interanual a cierre de noviembre), y más del doble respecto al alza del 1,44% aplicado en 2011.
A esta actualización se sumarán los incrementos adicionales que el Gobierno autorizó aplicar a determinadas concesionarias ante el riesgo de quiebra que presentan. Este es el caso de la R-2 y la Autopista Cartagena-Vera.
La revisión al alza de los peajes en 2012 será así una de las mayores desde que en 2002 entró en vigor la fórmula por la que anualmente se actualizan las tasas de las autopistas. Este sistema, que el sector pactó con el Gobierno, tiene el IPC y la evolución de los tráficos como sus principales variables. En estos años, el mayor incremento de precios se aplicó en 2009, cuando los peajes subieron un 4,46%. El resto de los ejercicios osciló entre la congelación de 2010 y el aumento del 2,93% de 2005.
Menor circulación, menor negocio del sector
Esta actualización del precio de los peajes se aplica en tanto el sector atraviesa una contracción provocada por la caída de tráfico derivada de la crisis, y ante el riesgo de quiebra que afrontan algunas concesionarias que además tuvieron que hacer frente a importantes costes de expropiación de terrenos.
En total, la red principal de autopistas registró una intensidad media diaria de tráfico (IMD) de unos 18.363 vehículos entre los pasados meses de enero y julio, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Fomento. Esta cifra supone un descenso del 5% respecto al mismo período de 2010.
La subida del peaje se aplica a toda la red estatal de autopistas, esto es, a todas las vías salvo las dependientes del Gobierno catalán, al túnel de Sóller de Palma de Mallorca, a Autopistas de Navarra (Audenasa), y a otras pequeñas vías de pago dependientes de los gobiernos de Galicia y País Vasco.
Europa Press
