El Gobierno tiene “serias discrepancias” con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “no dudará” en intervenir las regiones que no puedan “cumplir sus obligaciones financieras”.
Así lo advirtió este miércoles Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde explicó que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
Criterios estrictamente económicos
Aunque evitó especificar a qué regiones se refiere, Beteta subrayó que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de 6 meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente “capacidad” para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas hizo hincapié en que esta intervención “no va a mirar el color político” de quien gobierne cada región, sino únicamente “la necesidad de que se cumpla la ley”.
Europa Press / Castilla y León Económica