El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto que establece que será el Estado el que asuma “directamente” las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas con el objetivo de conseguir una gestión “mucho más eficiente en materia de agua”.
Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, precisó que es el Estado “para evitar duplicidades y solapamientos”, el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador.
En este sentido, recordó que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional “dejó sentado” el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.
Europa Press