Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, anunció este miércoles su intención de emprender 6 nuevos proyectos legislativos de gran calado a lo largo de los próximos 4 años y reformar varias leyes para introducir, entre otras novedades, tasas en los procedimientos judiciales a partir de la segunda instancia.
Ante la Comisión de Justicia del Congreso situó al “exceso de litigiosidad” como “uno de los problemas más acuciantes de la Administración judicial, más en el momento de crisis actual”, al tiempo que subrayó la necesidad de “evitar abusos y mejorar el uso de los recursos disponibles”.
“Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas”, precisó Gallardón, para añadir que dicho gravamen se reintegrará si el recurso prospera y que estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, que a su vez podrán disponer de un abogado de oficio.
De acuerdo con sus datos, existe “una ingente cantidad de recursos financieros, decenas de miles de millones de euros, que están paralizados en los órganos judiciales”, por lo que es necesario actuar “para que todos esos recursos reviertan cuanto antes en el circuito económico”.
Apretarse el cinturón
Al mismo tiempo que Gallardón detallaba sus planes para la presente legislatura, José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), reconocía que “si en general los ciudadanos se tienen que apretar el cinturón, la Justicia a lo mejor un poco más” debido a la crisis económica.
Concepción cree que no se acometerán “muchas reformas de infraestructuras” en los próximos años, si bien señaló que el primer lugar de sus preocupaciones actuales lo ocupa la sede del organismo que preside, ya que “la obra puede ser recepcionada en 2 ó 3 meses”.
Europa Press / Castilla y León Económica
