El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que estrecha el control del gasto en todos los niveles de gobierno, especialmente en las comunidades autónomas.
De hecho, una de las medidas contempladas en el documento establece que las administraciones autonómicas que no corrijan la desviación del déficit en 6 meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal. “Pasados 9 meses, si la deuda sigue sin ser corregida, una delegación del Gobierno se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar su situación financiera”, señaló Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al término de la reunión semanal.
Además, los ejecutivos regionales tendrán que enviar las grandes líneas de sus presupuestos al Gobierno central antes de aprobarlos.
Retomar el crecimiento
En la misma comparecencia, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo central, aseguró que la consolidación fiscal es “imprescindible para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país”.
Además, resaltó que la reducción del déficit contribuirá a la recuperación del crédito y asegurará el estado del bienestar, ya que “el menor coste de los intereses de la deuda permitirá destinar este dinero a sanidad, educación o servicios sociales”.
Europa Press / Castilla y León Económica
