Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y portavoz, anunció este martes que el Ejecutivo aprobará una reducción inicial del 20% de las empresas públicas y fundaciones y pondrá en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria que permita aprovechar “al máximo” los inmuebles del Estado y acabar con la “paradoja” de que se gasten 100 millones de euros en alquileres.
Además, adelantó que antes de un mes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma cuya vulneración llevará aparejadas sanciones para quien incumpla el límite de déficit o no refleje los gastos contraídos. Además, esta norma irá acompañada de una modificación del Código Penal para castigar las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos.
En concreto, la portavoz del Gobierno indicó que la Ley impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas) o a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable. “La respuesta será contundente”, advirtió.
Infracciones
Sáenz de Santamaría indicó que el Gobierno aprobará una ley complementaria de la Ley de Transparencia con una modificación del Código Penal para tipificar infracciones penales que castiguen las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos económicos.
“Esta reforma tendrá en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia y conllevará la inhabilitación para quien incurra en estas conductas”, precisó.
Europa Press / Castilla y León Económica
