El fondo portugués Megafinance Partners ha planteado a la familia Ruiz-Mateos una inversión inicial de 100 millones de euros para lograr la “viabilidad” de Carcesa y de la empresa productora de chocolate (sin detallar si se trata de Elgorriaga, Trapa o Cacaolat), informó la firma.
Junto a un “modelo de trabajo”, ha presentado un memorando de entendimiento y el contrato de asesoramiento por parte de Megafinance, en calidad de asesor y principal inversor. Además, la compañía lusa se encuentra en conversaciones con el fondo americano Cerberus para recomprar la deuda de Nueva Rumasa adquirida por éste a los bancos Santander y Banesto. “En un corto espacio de tiempo, podrá adquirir el derecho de este fondo junto a los activos de Nueva Rumasa”, aseguró una portavoz.
Por otro lado, afirmó que directivos de Nueva Rumasa celebraron recientemente en Lisboa una reunión con representantes del fondo en la que se abordó la posibilidad de acordar una operación de management buy out (MBO) en algunos activos del grupo, tras la entrega de documentación con datos de naturaleza fiscal y financiera. Megafinance Partners explica del mismo modo que ha sido contactada por algunos operadores internacionales y otro portugués del sector alimentario “que han expresado su firme intención de participar en la operación”.
Compensación de los pagarés
Por otra parte, José María Ruiz-Mateos, fundador del holding Nueva Rumasa, ha ofrecido mediante escritura pública a los titulares de pagarés emitidos por sociedades de la familia, como compensación por sus inversiones, la cesión de “derechos económicos de cobro” derivados de las reclamaciones judiciales de retasación de la expropiación de la antigua Rumasa.
La cesión, con la que pretende ofrecer una “garantía adicional” a los inversores, está sujeta a la estimación de esas pretensiones de retasación, actualmente pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La relativa a Galerías Preciados, en la que Ruiz-Mateos reclama 6.000 millones de euros, está pendiente de resolución por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo, que, según Nueva Rumasa, “ha admitido el correspondiente recurso en febrero del presente año y resolverá en un plazo de entre 18 y 30 meses”.
En cualquier caso, la oferta se mantendrá vigente durante los 60 días naturales siguientes al otorgamiento de la escritura pública, que se produjo el pasado 12 de mayo de 2011. “Los inversores deben tener la plena, total y absoluta seguridad de que no pararemos hasta que quienes depositaron su confianza en nosotros recuperen el dinero que les pertenece”, remarca Ruiz-Mateos a través de un comunicado.
Europa Press / Castilla y León Económica
