Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha elaborado un minucioso estudio de la normativa autonómica en el que identifica más de medio centenar de procedimientos y trámites administrativos que deberían modificarse para incrementar la simplificación y racionalización administrativa en la región y, con ello, favorecer la actividad empresarial.
El objetivo de este informe, que EFCL ya trasladó a la Junta de Castilla y León y a los portavoces parlamentarios en las Cortes regionales, es que la administración reduzca los obstáculos normativos y burocráticos a los que tienen que hacer frente las empresas, para ofrecer una gestión más ágil y eficiente “partiendo del principio de mínima intervención administrativa”, según explicó este jueves Pedro Palomo, presidente de EFCL, en la presentación de este estudio.
“Nuestra finalidad es impulsar la mejora de la regulación del mercado, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de la actividad empresarial y proporcionando un entorno más favorable y transparente que incentive la creación de empresas y genere una mayor eficiencia, productividad y creación de empleo”, aseguró el presidente de EFCL, quien expresó la disposición de los empresarios familiares a colaborar con la administración en la elaboración de una futura normativa de simplificación burocrática “que sea lo más beneficiosa posible para todos los ciudadanos de Castilla y León y para aquellos que pretendan invertir en nuestra comunidad autónoma”.
Análisis pormenorizado
El informe consiste en el análisis pormenorizado de todos los trámites administrativos regionales de obtención de permisos, licencias o autorizaciones de aquellos sectores que son de suma importancia para el tejido económico e industrial de Castilla y León, como son los de urbanismo, medio ambiente, energía y minas, sanitario, agrícola y ganadero. Tras este estudio, EFCL identificó un total de 49 procedimientos que podrían pasar a regirse por un régimen de comunicación o declaración responsable.
En este sentido, Palomo señaló que la futura normativa de simplificación administrativa debería tender a exigir que los instrumentos de control en todos y cada uno de los ámbitos de competencia autonómica sean la comunicación y la declaración responsable, con la única excepción de los límites contemplados por la normativa comunitaria y estatal.
Autorización medioambiental
Asimismo, indicó que esta futura ley también debería incluir otra serie de problemáticas detectadas en este estudio, entre las que citó la autorización ambiental, un trámite muy habitual en los sectores industrial, energético o urbanístico, pero que es muy lento dado que no existe una regulación autonómica y la tramitación remite, en la mayoría de los casos examinados, a la normativa básica estatal.
Por este motivo, el presidente de EFCL instó a la Junta de Castilla y León y a las Cortes regionales al desarrollo de una normativa medioambiental básica autonómica, en cuyo diseño participen el Gobierno, los partidos políticos, las compañías e, incluso, los ciudadanos. “Las empresas son un factor crucial en la preservación del medio ambiente y su participación puede resolver gran parte del problema”, precisó.
Silencio administrativo positivo
Los empresarios familiares también consideran vital para la agilización de los procedimientos administrativos que los trámites intermedios en los que la administración solicite informes a terceros gocen de un plazo máximo para su emisión, con la introducción de un sentido del silencio administrativo positivo.
“Echamos en falta una regulación específica en relación con el silencio administrativo, como sí han incluido otras normativas autonómicas que han promulgado los gobiernos de otras comunidades autónomas”, señaló el presidente de EFCL.
Estado del procedimiento
Otra de las carencias detectadas en el informe es la falta de información por parte de las administraciones públicas a los interesados sobre el estado del procedimiento. Frente a ello, EFCL propone la creación de herramientas como una dirección de correo electrónico con respuesta inmediata o un portal web con información en línea sobre el estado del procedimiento.
En consonancia con la transformación digital, los empresarios familiares piden también que la normativa autonómica se actualice para que todos los informes sectoriales que hayan de ser emitidos por los órganos o entidades del sector público regional se remitan electrónicamente a través de una plataforma específica que precise su plazo y que tenga interoperabilidad con otras plataformas públicas.
Administración electrónica
Sin embargo, el informe constata que la normativa regional relativa a la administración electrónica se encuentra obsoleta y asegura que por encima de Castilla y León hay 10 comunidades autónomas con un mayor nivel de tramitación digital.
De ahí que EFCL inste a su actualización con el fin de aprovechar la tramitación electrónica para simplificar las instancias, potenciar la creación de una ventanilla digital única e implementar la instalación de Inteligencia Artificial para potenciar el desarrollo en el ámbito del urbanismo.
Entidades colaboradoras
Los empresarios familiares también proponen conceder un mayor protagonismo a las entidades colaboradoras de la Administración pública y a los colegios profesionales, de modo que puedan sustituir ciertas funciones realizadas internamente por la administración, como son la emisión de certificaciones y validación de proyectos técnicos “Se trata de una medida ya adoptada por otras comunidades autónomas de forma exitosa y que claramente ayudaría a acelerar la tramitación administrativa de los permisos, autorizaciones y licencias”, señaló Palomo.
Finalmente, y frente a las carencias de las administraciones en cuanto al personal necesario para la tramitación de los procedimientos, especialmente en temporadas de vacaciones y durante los periodos de bajas temporales, EFCL se muestra partidaria de una correcta dotación y planificación de los equipos, con la contratación de técnicos externos cuando sea necesario y la compra de servicios centralizada.
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