“Si crees que el compliance es caro y no merece la pena, prueba el no compliance“. Quien utiliza esa frase ya acuñada es Javier Meana, responsable del área de Compliance de Data Technology Consulting (DTC), para poner de relieve la importancia que tiene para las empresas disponer de un programa de cumplimiento normativo penal, que sería la traducción del término. “Es un elemento que se les exige a las compañías por parte de Europa dentro de sus requerimientos de transparencia”, detalla el ejecutivo.
El compliance es una función específica que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, que pueden traducirse generalmente en el riesgo de recibir sanciones y condenas por incumplimientos legales o normativos, sufrir pérdidas financieras o de reputación.
Empresas imputables
La cuestión no es baladí. Las empresas pueden ser sujeto de derecho penal. De hecho, hay 37 delitos contabilizados y 9 más accesorios que pueden ser imputados a las sociedades mercantiles. Sin embargo, el hecho de disponer de programa de compliance puede eximir a la empresa (no así al sujeto dentro de la compañía que cometa la infracción). Se trata por tanto de un importante atenuante de la responsabilidad administrativa o penal.
Pero no sólo es importante por eso, sino por lo que supone a nivel reputacional y de imagen que una empresa quede al margen de una infracción por contar con un programa de compliance. Y a todo ello se suma el poder seguir contratando con la Administración pública o recibir subvenciones.
Formación
DTC trabaja a nivel nacional y ha implantado programas de compliance en el sector naval gallego o centros educativos y empresas de servicios en Madrid. Sus planes de compliance van acompañados de formación para la empresa avalada por una entidad de reconocido prestigio. La consultora analiza la actividad de la compañía y sus posibles riesgos, presentes y futuros, de forma personalizada, además de realizar una revisión anual para incorporar todas las actualizaciones susceptibles de implantarse en la organización.
Meana hace hincapié en el sector de la educación. “Es un ámbito con bastante riesgo penal, por lo que es muy recomendable disponer de un protocolo de actuación. Hoy en día, teniendo en cuenta el acceso a medios tecnológicos que todas la empresas están obligadas a utilizar, es relativamente sencillo cometer un delito, aunque sea por desconocimiento”, sostiene.
Trazabilidad
DTC cierra el círculo de la trazabilidad en el ámbito de la transparencia para las empresas dado que abarca las áreas de protección de datos, los recursos humanos (igualdad) y el cumplimiento normativo penal.
Más información en el número de marzo de la revista Castilla y León Económica
