Leo con sorpresa un informe según el cual casi el 9% de la población de Castilla y León tiene intención de emprender y que el 73% de los castellanos y leoneses declara que, cuando el trabajo escasea y cuesta conseguir un empleo, montar un negocio es la mejor decisión. Según el citado estudio realizado por el Grupo de Investigación en Dirección de Empresas de la Universidad de León y patrocinado por la Cátedra de Finanzas Sostenibles UPSA-Mapfre, 1 de cada 5 jóvenes entre 18 y 24 años se reconoce como potencial emprendedor, pese a que el 59% de las personas teme emprender por miedo al fracaso. Y reconozco que me asombra que aún sobreviva el espíritu emprendedor cuando vivimos en un ecosistema económico diseñado para cercenar la iniciativa privada.
En conversaciones recientes con jóvenes empresarios que están desarrollando con éxito sus compañías, el denominador común de este colectivo es su desmedida pasión por sus proyectos, muy necesaria para enfrentase a los innumerables obstáculos a los que se enfrentan, tal como denuncian, como el retraso en la obtención de licencias para reformar locales o abrir establecimientos, los elevados impuestos y tasas, las continuas inspecciones fiscales y laborales, la dificultad para encontrar trabajadores cualificados, los enrevesados trámites para obtener una ayuda, el diseño de convocatorias de subvenciones alejadas de la realidad o la profusión de normativas de las distintas administraciones públicas, entre otras trabas. A las que, por supuesto, hay que añadir las dificultades propias de la actividad empresarial en una economía de libre mercado.
Por eso no es de extrañar, tal como resalté en el discurso de los XVI Premios Castilla y León Económica, y cuyos datos sorprendieron a una gran parte de la audiencia, que casi el 20% de las empresas creadas en los últimos 5 años en Castilla y León ha cesado su actividad, es decir, 1 de cada 5 negocios se queda por el camino en tan poco tiempo. Además, el dinamismo empresarial se frena en nuestra comunidad autónoma pues hasta septiembre de este año descendió casi un 9% la creación de empresas, también se redujo un 20% el capital invertido por estas nuevas sociedades mercantiles y en los 2 últimos años nuestra región ha perdido más de 160 empresas por los cambios de domicilio social a otras comunidades autónomas. Es decir, estamos sufriendo una mayor mortalidad de negocios, un menor dinamismo empresarial y una mayor fuga de empresas.
Gasto público disparado
Vivimos en un país donde se dispara el gasto público para mantener un entramado burocrático sobredimensionado a consta de elevar los impuestos, sobre todo a unas empresas agónicas tras enlazar 3 crisis económicas (la financiera de 2008, la sanitaria de 2020 y la actual de 2022 con la inflación y los costes energéticos desbocados). Por eso, no dejo de admirar a los que todavía están dispuestos a emprender, en una sociedad donde además aumenta la creencia de que el esfuerzo no sirve para nada, se demoniza la meritocracia, se cree que el éxito sólo es fruto de la suerte, se buscan recompensas inmediatas y no se toleran ni los fracasos ni las frustraciones, cualidades necesarias para afrontar la actividad empresarial.
Y por si fuera poco, los empresarios escuchan o leen por las mañanas cómo nuestra clase política retuerce las leyes para beneficiar a corruptos, golpistas, condenados y golfos, con lo que, la verdad, a muchos les dan ganas de cerrar la empresa y que sean otros, si es que los hay, quienes arriesguen su capital y se compliquen la vida sacando adelante un proyecto empresarial. Con lo bien que se debe de vivir de la mamandurria pública.
