Según el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), mientras que en el último año la contratación de la población general en Castilla y León experimentó un descenso del 9% respecto a 2021 -debido principalmente a la caída de contratos temporales y formativos tras la última reforma laboral- y se sitúa aún un 22% por debajo de tiempos prepandemia (2019), la contratación de personas con discapacidad arrojó datos positivos. Con un crecimiento interanual del 3% en la región, se sitúa ya un 5% por encima de 2019. En concreto, en 2022 las personas con discapacidad suscribieron 6.298 contratos en Castilla y León, frente a los de 6.131 de 2021 y los 6.023 de 2019.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “esta cifra positiva que nos deja 2022 responde a los muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de diversidad, equidad e inclusión en los últimos años. Estrategias fundamentales para lograr sociedades más inclusivas, pero también para construir compañías más competitivas, en las que haya espacios y oportunidades para todos”.
A pesar de que la tendencia es positiva, Mesonero señaló: “todavía quedan muchos otros éxitos por alcanzar. Por un lado, mantener esta tendencia positiva en las cifras de contrataciones en los próximos años, que no sea un simple espejismo por la esperada recuperación tras el parón que supuso la pandemia; y por otro, tratar de que se vea reflejada en parámetros que aún evidencian una importante desigualdad”.
Desafíos vigentes
Un ejemplo de algunos de estos desafíos que se mantienen vigentes y que dificultan la plena inclusión de las personas con discapacidad es la escasa participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. En 2021, la tasa de actividad de este colectivo en Castilla y León se sitúo en el 36,4% (por encima de la media nacional, 34,6%), es decir, el 63,6% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca.
Este porcentaje, que prácticamente no ha variado respecto a 2020, aún es muy bajo para alcanzar el propósito de la plena inclusión. “Para revertir esa escasa participación habría que apostar por actualizar las políticas activas de empleo, así como mejorar la colaboración público-privada”, añadió Mesonero, quien también destacó “la importancia de acabar con la brecha formativa que sigue afectando a las personas con discapacidad. Dotarles de los recursos y herramientas formativas necesarios hará que no se queden atrás y puedan ser competitivos en un mercado tan exigente y cambiante como el actual”.
Mercado laboral ordinario
Por último, la penetración de los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral ordinario representa otro de los grandes retos: en Castilla y León actualmente, el 74% de los contratos se suscribe en el ámbito protegido, esto es, en centros especiales de empleo. Una cifra muy elevada, pero que ha disminuido 3 puntos respecto a 2021.
“Este es el camino, pero debemos ser conscientes de que aún queda mucho por hacer para revertir estos porcentajes. Los centros especiales de empleo son un recurso indispensable para la inclusión de las personas con discapacidad, deben ser un medio, pero no la meta final de su trayectoria profesional. La inclusión alcanza su mejor versión en la empresa ordinaria, donde las personas con discapacidad conviven con trabajadores con y sin discapacidad en un mismo espacio y por un mismo propósito”, concluyó Mesonero.
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