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El Colegio de Economistas de Valladolid urge igualar la presión fiscal de las comunidades autónomas

Juan Carlos de Margarida aboga por armonizar las cargas tributarias para no obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías y servicios
Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.
Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, subrayó la necesidad de armonizar la presión fiscal de las distintas comunidades autónomas españolas para evitar “hablar de diferentes clases de ciudadanos”. Según se desprende del estudio sobre la Fiscalidad Autonómica realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales -órgano dependiente del Consejo General de Economistas de España– las divergencias en las cargas tributarias, fruto de la capacidad normativa de los gobiernos regionales, “podrían suponer un obstáculo a la libre circulación de personas, mercancías y servicios”.

En concreto, esta circunstancia puede resultar determinante a la hora de que los contribuyentes fijen su residencia, además de “influir en la ubicación de empresas y capitales” dentro del territorio español, advirtió de Margarida. En su opinión, este tipo de análisis sobre fiscalidad deben considerar no sólo porcentajes, sino otras variables como el nivel salarial o los servicios prestados a los ciudadanos.

Además, significó que en la actualidad se tiende a la armonización fiscal europea “que dejaría sin instrumentos a los países comunitarios, al estar toda esta materia centralizada en Bruselas”. Antes de que este proceso concluya, el presidente del Colegio de Economistas vallisoletano urgió a igualar las cargar tributarias “tanto en las regiones de España como en los distintos países que desarrollan una política común, puesto que de lo contrario tendríamos distintas clases de ciudadanos y se vulneraría el principio constitucional de igualdad”.

IRPF

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de Margarida explicó que en el territorio español existen disparidades “significativamente ligadas al color político de los gobernantes”, y citó como ejemplo la deducción por hijo, “más elevada en las regiones gobernadas por el PP como Castilla y León, Valencia o Madrid”. Como novedad en este tributo en nuestra comunidad autónoma se refirió a la deducción del 15%, con límite de 10.000 euros, de las cantidades satisfechas por obras de adecuación de la construcción de la vivienda habitual a la normativa urbanística de la región.

El informe destaca otras deducciones, como el incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción de hijos, la deducción por partos múltiples o adopciones simultáneas, por adopción en general o por los gastos de guardería. En la misma línea se enmarcan la deducción de 750 euros por disfrutar de la suspensión del contrato de trabajo o del permiso con motivo de paternidad, detalló de Margarida, antes de recordar que se duplica la deducción por fomento del autoempleo para jóvenes y mujeres.

Sucesiones y transmisiones patrimoniales

En relación con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Castilla y León ha pasado de recaudar 184,93 millones de euros en 2006 a 126,18 millones en 2009, aunque es una de las 5 comunidades que experimentaron en este último ejercicio un incremento del 2%, junto con Cantabria, del 4%; Castilla-La Mancha, del 3%; Extremadura, del 1%; y Madrid, del 11%. De media, la recaudación de las regiones se redujo un 10%, descenso “motivado por las medidas normativas que han ido incrementando poco a poco los beneficios fiscales, precisó de Margarida.

“La crisis en toda su crudeza, y en su vertiente inmobiliaria, tiene reflejo en la recaudación por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, añadió el presidente de los Economistas. En relación con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), y según el informe citado, Castilla y León ha pasado de incrementar su recaudación en un 14% entre los años 2005 y 2006 a tener una disminución del 22% entre los años 2008 y 2009. Finalmente, el estudio refleja que en lo relativo al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), la región se encuentra en el cuarto puesto con un -21% de recaudación respecto al resto de las comunidades autónomas, pasando de recaudar 262,74 millones en 2005 a 192,41 millones en 2009.

Castilla y León Económica

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