España. Finales de 2014. Hace unos meses que D. Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe. El Gobierno, en un ejercicio de maestría política y visión democrática, propone una importante reforma constitucional en la que se cambia la forma de gobierno a “democracia participativa”, desaparece el Defensor del Pueblo y se crea la Comisión Nacional de Participación Ciudadana (CNPC).
Sus competencias son las de poner en marcha los sistemas necesarios para escuchar la voz del ciudadano de forma constante y canalizarla a los poderes del Estado.
Felipe VI presidirá la nueva institución y dinamizará la participación a través de su cuenta en Twitter, creada unos meses antes con motivo del Congreso Mundial de la Comunicación (WPRF 2014) celebrado en España y organizado por Dircom.
La CNPC dispondrá de tecnologías de vanguardia para capturar y explotar los grandes conjuntos de datos que la voz de la opinión pública genera.
La reforma constitucional se aprueba en 2015 por amplia mayoría, con el voto negativo de los nacionalistas vascos y la abstención de Izquierda Plural, que proponían la creación de un cuarto poder: la ciudadanía.
Los catalanes también se abstienen por discrepancia con el nombre de la nueva institución. Ellos proponían Comisión Estatal de Participación Ciudadana.
Nota: Post escrito en septiembre de 2013 y nunca publicado.
Gobernar según lo que digan los últimos datos de opinión es populismo. De esto estamos sobrados. Además, la opinión pública es fácil de manipular. Basta con decir una mentira varias veces hasta hacerla verdad. Ejemplo: la manida discriminación salarial entre hombres y mujeres, sin entrar nunca a comparar las raíces de esta relación espuria: diferente experiencia, diferentes sectores… Faltan estadistas, gobernantes que miren por los intereses del país aunque eso le cueste su carrera política. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que España siga en la OTAN cuando ni Ceuta ni Melilla entran dentro del acuerdo de protección?
Estimado Iván. Gracias por dejar tu comentario. Celebro que mi breve texto principalmente ficticio te haya sugerido tantos ejemplos, que son ciertos aunque no directamente relacionados con el tema principal que he intentado exponer. Los poderes legislativos y judiciales (no solo el ejecutivo) del siglo XIX y XX deben pasar al siglo XXI sin perder la determinación y el sentido de estado pero extrayendo todos los matices de la opinión ciudadana más allá del simple voto cada 4 años y las imaginativas interpretaciones de los resultados electorales.