La Junta ultima un anteproyecto de ley que reconocerá la autoridad pública del profesorado en el plano jurídico, dignificando su labor y mejorando la convivencia en los centros. Una vez entre en vigor esta normativa las agresiones a este colectivo se podrán considerar como un atentado a la autoridad, lo que agravará las condenas por dichos actos, que podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía.
Asimismo, los profesores dispondrán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a los de cualquier ciudadano y se reconocerá explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro y fuera del recinto escolar.
En el modelo educativo de Castilla y Leon, el impulso de la autoridad del profesorado se configura como uno de los aspectos claves para conseguir un adecuado clima de convivencia en los centros educativos.
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