Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, viajó este lunes a Bruselas acompañado por José Manuel Rivero y Francisco Bono, sus homólogos en Asturias y Aragón, respectivamente, para mantener un encuentro con la presidencia polaca de la UE y exigir que se garantice el futuro del sector del carbón más allá de 2018, año fijado para interrumpir las ayudas a las minas.
El grupo de trabajo constituido por las 3 principales regiones productoras españolas quiere desarrollar “acciones de influencia, complicidad y liderazgo de la presidencia europea de turno de Polonia para acometer de forma urgente una modificación de la Decisión 787/2010/UE”, explican fuentes del Ejecutivo autonómico.
Ésta afecta a 3 cuestiones claves para el sector minero: que se puedan conceder ayudas en el marco de planes de acceso a reservas estratégicas; que las empresas que reciban subvenciones en el período 2011-2018 no estén obligadas a cerrar o bien devolver todas las cuantías recibidas en la fecha tope si quieren continuar con su actividad; y que se flexibilice la reducción de fondos establecida para dicho período, que puede “estrangular al sector del carbón”. “Esta postura que defienden Castilla y León, Asturias y Aragón coincide con la que fijó el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2010”, añade la Junta.
Demanda ante la Justicia europea
Las 3 comunidades autónomas implicadas en el asunto presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la que se pide la anulación de distintos artículos de la decisión 787/2010/UE del Consejo que, “en la práctica, establece el fin de la actividad extractiva de la minería energética en Castilla y León y en España en 2018”.
Sin embargo, los demandantes manifestaron sus “serias dudas” sobre el éxito de dicho trámite jurídico, que “no ha sido apoyado por el Gobierno de España”.
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