Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, valoraron este martes que la comunidad autónoma vaya a mantener con la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-27 importes “muy similares y muy parecidos” a los del actual marco de referencia, en lo que ha considerado una victoria en la “primera batalla”, a expensas de analizar ahora cómo se van a producir los trasvases entre las distintas ayudas. “Tenemos más dinero del que hemos disfrutado hasta este momento”, apuntaron.
Esta es una de las principales conclusiones de la reunión mantenida con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas para analizar el Plan Estratégico de la PAC remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se han conseguido “enderezar” la mayoría de las propuestas del Estado que eran perjudiciales para Castilla y León.
No obstante, el consejero lamentó que se haya impuesto finalmente un modelo “continuista y no excluyente” sobre los perceptores de la PAC, ya que no se expulsará a nadie cuando Castilla y León había defendido “hasta la saciedad” que se tuviera en cuenta sólo a los agricultores profesionales, aquéllos que cotizan a la Seguridad Social agraria.
“Se aviene mal con el conjunto de los modelos de la agricultura nacional”, asumió Carnero quien, tras reivindicar que la propuesta de agricultor activo de Castilla y León era “una llamada de atención” para la incorporación de jóvenes, aseguró que se han conseguido “determinados aspectos que adjetivan y acentúan” esa profesionalización del sector, para insistir en que no se ha llegado al porcentaje que quería la comunidad autónoma.
Más exigencias medioambientales
También ha lamentado que el texto comunitario va a suponer más exigencias medioambientales, que ha llegado a tildar de “excesivas”, que no serán compensadas por lo que ha advertido de que no se garantiza una adecuada sostenibilidad económica para los productores ni social para que haya gente en los pueblos. “No hay una compensación por las excesivas exigencias desde el punto de vista medioambiental”, zanjó.
En una pormenorizada explicación del documento final sobre el que se tiene que pronunciar ahora la CE, Carnero señaló del primer pilar de la PAC la simplificación de las regiones agronómicas de 50 a 20 para la definición de los importes de la ayuda, lo que beneficiará a Castilla y León ya que se mantiene un sistema equilibrado en cultivos de secano mientras que en los de regadío se ha conseguido diferenciar en positivo las zonas en las que se está invirtiendo en la modernización de regadíos.
Cultivos leñosos
En el caso de los cultivos leñosos se equilibran los pagos para que puedan seguir desarrollándose en la región y en los pastos se ha conseguido ajustar la propuesta final para beneficiar a la ganadería extensiva castellano y leonesa.
Carnero indicó también que se ha conseguido mantener el sistema de derechos y una convergencia interna “más pausada”, como demandaba Castilla y León, “de manera que en 2026 todos los derechos de cada una de las regiones valdrán como mínimo el 85% del valor medio de cada una de ellas, y en 2029 valdrán igual para cada región” lo que permitirá “una transición más equilibrada” para las explotaciones afectadas.
Según ha explicado, otra de las novedades de la nueva PAC es la limitación de los pagos y la degresividad. Así, a partir de 60.000 euros y hasta 75.000 se reducirá el 25% de la ayuda básica, en el tramo de 75.000 a 90.000 euros se reducirá el 50%, entre 90.000 a 100.000 euros la reducción será del 85% y del 100%, lo que supere este último límite. No obstante, para el cálculo de las reducciones se podrán descontar los costes salariales.
Carnero ha asegurado que este sistema tendrá un impacto “muy reducido” en Castilla y León, que ha conseguido que para las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y explotaciones de titularidad compartida el cálculo de la reducción se calcule individualmente a cada uno de los miembros para evitar un perjuicio.
Respecto a las mayores exigencias medioambientales recogidas en la “condicionalidad reforzada”, Carnero destacó el logro de sustituir la rotación anual de todas las parcelas por una diversificación de cultivos en la explotación, similar a la exigida actualmente para el pago verde y con una rotación en parcela al cuarto año en vez de anual.
En el caso de los ecoesquemas de carácter voluntario que sustituirán al actual pago verde, aplaudió que el diseño final de siete prácticas concretas, a sugerencia de Castilla y León, permita el acceso a estas ayudas con importes similares o, incluso, mayores a lo actual ya que habrá ayudas por ecoesquemas para el uso de pastos en la ganadería, por la rotación de cultivos en secano y regadío y por dejar elementos improductivos en la explotación para aclarar que sólo se exigirá una práctica y que no se cobrará más por llevar a cabo dos o más.
Y reivindicó que a petición de Castilla y León, la denominada “degresividad” o reducción de las ayudas a partir de un número de hectáreas determinado, sólo se aplicará si se supera la asignación financiera para estas medidas, 1.100 millones de euros al año para toda España.
Mejora de la situación de los jóvenes
Asimismo, apuntó que Castilla y León ha mejorado la situación de los jóvenes en la nueva PAC para lo que se duplicará el valor actual unitario que perciben, que pasa del 50% del importe medio de cada región productiva al 100%, e informó de que también se ha logrado incrementar el número de hectáreas por las que se recibirá esta ayuda, pasando de 90 a 100 hectáreas. En el caso de las mujeres que se incorporan como jóvenes agriculturas, las ayudas se incrementarán un 15%, detalló.
A esto añadió el resultado “muy positivo” en las ayudas asociadas a la producción destinadas a sectores vulnerables, donde se mantienen las ayudas a la ganadería de vacuno de leche y de carne, al ovino y caprino, a las proteaginosas y oleaginosas, al cultivo de la remolacha y a los frutos secos, a lo que se suma que se ha eliminado la propuesta inicial que se había planteado de aplicar la degresividad, que suponía que a partir de un número de animales o de hectáreas el importe de la ayuda sería menor.
“Castilla y León seguirá siendo la comunidad autónoma que más financiación percibirá por estas ayudas”, sentenció Carnero que ha considerado “alentador” que el Ministerio se haya comprometido a analizar la posibilidad de implantar un Plan Nacional para el ovino y caprino que se estudiará en 2023 para ver las posibilidades de incorporarlo al Plan Estratégico, como se ha hecho ya con el Plan para el Olivar Tradicional que contará con 30 millones de euros.
Castilla y León ha incluido actuaciones por 1.176 millones de euros para el periodo 2023 a 2027 en las que se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, y las inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Como novedad, ha anunciado la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas pensando en el relevo generacional.
Castilla y León Económica / Europa Press
